A la par que exigieron mayores condiciones de seguridad, distintas cámaras empresariales denunciaron “el alto grado de corrupción y contubernio” en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, que han propiciado actos de violencia que derivaron en la muerte violenta de un arquitecto el pasado tres de diciembre.
En voz del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Ernesto Gutiérrez Jiménez, describió que en la fase final del 2019 se han presentado una serie de hechos violentos que han hecho que en vez de adornos navideños en los negocios se instalen cámaras de vigilancia, alarmas o cercas de seguridad.
Además de nombrar el asesinato del médico Enrique Díaz Carmona la mañana del pasado jueves, se refirió al “cruel asesinato” del arquitecto Ezequiel Ruiz Mendoza el pasado 3 de diciembre, cuando porros irrumpieron en una diligencia en un inmueble del Centro Histórico, donde trabajadores y abogados fueron golpeados de gravedad.
Cuestionó que a pesar de existir videos que permitirían identificar a los actores materiales, no haya castigo y este viernes se haya suscitado un nuevo hecho violento en otra diligencia legalmente ordenada por la autoridad municipal, donde se utilizaron explosivos que permitieron la detención de una persona que fue liberada tras el pago de una multa administrativa.
“Se deben tomar las medidas necesarias para poner freno de una vez por todas al contubernio, tolerancia e ilegalidad a grado insultante y perjudicial en contra de quienes hemos decidido invertir en Oaxaca”, afirmó.
"Autoridades no informan"
En ese reclamó lo secundó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Salvador López López, quien consideró que ni sus subalternos ni asesores le dicen al gobernador Alejandro Murat cuál es la realidad en materia de seguridad en el estado.
El eje que menciona es una prioridad, en realidad ha sido ineficaz porque Oaxaca es una tierra fértil para la delincuencia, como lo demuestran los mil 172 homicidios dolosos reportados por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en 2018 y los mil 82 en once meses de este 2019.
En una conferencia conjunta a la que asistieron al menos diez dirigentes empresariales, el presidente de la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Felipe Palacios, ese es uno de los sectores más afectados por la inseguridad que está en todo el estado, lo que se refleja en constantes secuestros de maquinaria y camiones.
Las regiones más álgidas son la Cuenca y el Istmo, donde el “cobro de piso”, extorsiones o secuestro de trabajadores son la constante donde la falta de credibilidad en las instituciones inhibe las denuncias que en vez de lograr justicia “nos expone más”.
La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, Rosa María Labastida, exigió de manera enérgica que el gobernador Alejandro Murat y el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, garanticen la justicia para la saxofonista María Elena y evitar que la agresión que sufrió con ácido quede impune.
