WASHINGTON, DC.- El Departamento de Estado de EU destacó hoy las acusaciones por corrupción contra diversos exgobernadores mexicanos -incluido el exmandatario de Veracruz, Javier Duarte- en el texto de su reporte anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo.
Dedicando a México un capítulo de 36 páginas, la edición 2016 de reporte del Departamento de Estado en el rubro sobre corrupción destaca el caso de los exgobernadores.
"En octubre, la PGR (Procuraduría General de la República) acusó y emitió una orden de arresto contra el gobernador de Veracruz, quien decidió ocultarse", afirma el Departamento de Estado.
En su reporte, la dependencia encabezada por Rex Tillerson destaca también las denuncias penales presentadas en agosto de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación en contra de 14 Gobiernos estatales por simular reintegros por más de 8 mil millones de pesos.
Ley anticorrupción
La sección sobre corrupción abarca 2 páginas del total de 36 que cubre el reporte para México. En ella también hace notar el aval a la ley del Sistema Nacional Anticorrupción en junio de 2016 y registró las críticas por permitir a los funcionarios ocultar datos de su declaración patrimonial.
"Durante el año, el Gobierno adoptó el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que le otorga autonomía a las cortes administrativas federales para investigar y sancionar actos administrativos de corrupción, que establece penas más duras para funcionarios de Gobiernos corruptos, que provee a la oficina de la Auditoria Superior (ASF) con autoridad para auditar en tiempo real y establece un Comité de supervisión con participación de la sociedad civil", destaca el Departamento de Estado.
"Los observadores aplaudieron la legislación como un logro importante en la lucha contra la corrupción, aun cuando algunas ONG (organizaciones no gubernamentales) criticaron la provisión de permitir a los servidores públicos rechazar el declarar activos", añade el reporte estadounidense.
Además del rubro sobre corrupción, el Departamento hace un recuento del estado que guardan las investigaciones en torno a casos emblemáticos en el marco de los derechos humanos de años previos como en Iguala, Guerrero; en Tanhuato, Michoacán y en Tlatlaya, Estado de México.
