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Denuncian irregularidades en penal de Cuicatlán

Foto(s): Cortesía
Redacción

OAXACA.- Incomunicación, aislamiento, trato denigrante a las visitas, entre otras irregularidades, denunciaron internos del reclusorio regional de San Juan Bautista Cuicatlán.


Por esos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició investigaciones y abrió un expediente de queja en que pidió medidas cautelares a la SSPO; no obstante, la dependencia se niega a cumplir con la solicitud, informó.


De acuerdo con lo que constató la DDHPO, los internos agraviados expusieron al personal del organismo defensor que el costo telefónico de la compañía Global Fon es muy alto, y que los teléfonos que ofrece la compañía Telmex no funcionan, además de que son desconectados, con lo cual permanecen prácticamente inservibles.


Detallaron que no tienen derecho a recibir llamadas de sus familiares, y están totalmente desconectados de lo que ocurre en el exterior, pues no cuentan con señal de televisión. Además, reclamaron que su horario de vista no es continuo, por lo que sus familiares tienen que esperar por horas para poder reingresar, lo cual es difícil para las personas que viajan desde lejos a fin de poder visitarlos.


Añadieron que los celadores no permiten el ingreso de comida y cosas que sus familiares les llevan, pues se las decomisan en la entrada sin darles explicación alguna.


Lo anterior lo corroboró el organismo a inicios de febrero; el día 18 pidió a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) medidas cautelares, a fin de que el director del penal atendiera las quejas.
No obstante, en otra visita el 9 de marzo pasado, constató que la situación continuaba igual, por lo cual inició el expediente número DDHPO/272/(06)/OAX/2016.


“Los tres visitadores que acudieron (a Cuicatlán) pudieron constatar que los hechos que motivaron la medida cautelar persisten”, dijo en un comunicado, por lo que exigió a la SSPO acatar las disposiciones del organismo autónomo.


Solicitó a la dependencia instruir a los funcionarios correspondientes para que en un plazo de quince días hábiles rindan un informe detallado en relación con lo expuesto, y en un máximo de 24 horas dé respuesta a las peticiones.


 

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