De las mil 342 unidades de taxis amarillos que circulan en la capital, mil 34 cuentan con el código QR (Código de respuesta rápida) que emite la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra) pero faltan por integrar 308.
A una semana de terminar el plazo para tramitar el código de identidad de manera voluntaria, la dependencia estatal prepara diversos operativos para detener y remitir todas aquellas unidades del centro que no cuenten con este distintivo.
Una vez terminado el proceso, la dependencia iniciará lo correspondiente con los más de 8 mil taxis foráneos que circulan e ingresan a la ciudad.
Estos sitios que registran el mayor número de unidades no concesionadas cobran en promedio 3 mil pesos mensuales a los particulares para permitirles pintar un vehículo y ofrecer el servicio de taxis, reveló una fuente anónima.
Lo que en un principio sería sólo 50 taxis azules, ahora rebasan las 150 unidades entre los municipios de Santa Lucía del Camino y San Sebastián Tutla.
Las autoridades estatales así como el presidente de Sitio Antequera, Martín Sánchez señalaron que la zona oriente y poniente son las de mayor problema, el último sitio aparentemente no concesionado es el 2 de octubre respaldado por Antorcha Campesina.
En la capital, actualmente existen 42 organizaciones de taxistas y 12 grupos independientes que representan al menos 130 unidades.
Al interior del estado la pega de Stickers o Calcomanías se ha convertido en la forma de registrar el número de taxis, sin embargo, el subsecretario de Regulación y Control de Trasnporte, Marcos Fredy Hernández López rechazó que estos distintivos están avalados por la dependencia.
“Finaliza ya casi en estos días la auditoria y estaremos resolviendo el caso de ciertas unidades que cuentan con la copia de la concesión y que en su momento se determinará si son factibles de emplear o se iniciarán los procesos administrativos correspondientes” dijo.
Sin revelar cifras, en relación a las denuncias que por oficio inician por la ilegalidad en que circulan los taxis, aclaró que la fiscalía anticorrupción y la dirección jurídica de la sevitra resolverán los casos.
