El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su rechazo a la iniciativa presentada en la Comisión Permanente del Congreso, para reformar y derogar distintas disposiciones de su legislación y así el gobierno federal pueda hacer frente a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Uno de sus integrantes, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedaphi), Maurilio Santiago Reyes reconoció que la pandemia ha puesto de manifiesto los retos enfrentados por los estados para dar respuesta a situaciones generalizadas de emergencia, en especial en el ámbito de la salud pública y la economía, pero no puede suponer la toma precipitada de decisiones bajo la premisa de evitar el deterioro en las finanzas públicas.
Expuso que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas opera presupuestariamente por medio del Fondo Fideicomiso 10232, donde se destinan recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección, así como otras disposiciones a fin de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mil 086 personas beneficiarias.
Explicó que entre los beneficiarios, 721 se dedican a la defensa de derechos humanos (371 mujeres, 350 hombres) y 365 al periodismo (97 mujeres y 268 hombres).
De esta manera, destacó que la extinción, reducción o reorientación de los fondos del Fondo Fideicomiso 10232 significaría a su vez poner en riesgo a quienes diariamente se enfrentan a un contexto de alta violencia, y cuyo trabajo resulta fundamental para la consolidación y el perfeccionamiento de cualquier sistema democrático.
Además –asentó–, la iniciativa presume cambios que podrían tener consecuencias graves en la operatividad y eficacia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impidiendo incluso que pueda cumplir a cabalidad sus funciones, sin omitir los enormes desafíos a los que al día de hoy se enfrenta como la insuficiente asignación económica que ha sido un problema reiterado desde su creación.
Llamado al Congreso
Resaltó que esta obligación de garantía presupuestal ha sido reiterada al Estado mexicano en múltiples ocasiones por los titulares de organismos internacionales de derechos humanos, como el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU), sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esta situación, hizo un llamado al Congreso para sumar esfuerzos con los demás poderes de gobierno en sus distintos niveles, sociedad civil y otros actores, con el fin de coordinar acciones que fortalezcan sustancialmente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de poder cumplir sus funciones adecuadamente.
Santiago Reyes dijo que el Congreso está obligado a rechazar cualquier tipo de modificación al marco normativo del Fondo Fideicomiso 10232, porque su operación ha abonado de forma directa a la protección de cientos de personas defensoras y periodistas desde su creación en 2012.
