Hace tres años, en 2015, con el aumento del pasaje de transporte urbano de 6 a 7 pesos, los concesionarios pactaron cumplir 10 compromisos para mejorar el servicio; a la fecha no hay ningún cambio.
Los empresarios se comprometieron a renovar y modernizar sus unidades, capacitar y realiza exámenes antidoping a conductores, verificar los vehículos, establecer programas de medicina preventiva en el transporte, realizar revisiones físico-mecánicas, reparar de unidades y "jubilar" camiones que no cumplieran con las normas establecidas.
Además, acordaron respetar los descuentos a estudiantes del nivel superior –ITO, UABJO, CRENO- así como a personas con discapacidad y adultos mayores.
Los compromisos se cumplieron a medias, muchos de ellos ni siquiera se consideraron, sostiene el presidente del Movimiento Vial Ciudadano, Armando Figueroa Colmenares.
De las 911 unidades de transporte que se compone el pulpo camionero, al menos el 80% son obsoletas, y aun así siguen funcionando.
“Muchas de las unidades sólo están repintadas, otras con ajustes de motor y las hacen pasar como óptimas, cuando ya cumplieron su ciclo de vida”, abunda.
Aumento, inconstitucional
De acuerdo con Figueroa Colmenares, el incremento que buscan los empresarios del transporte a la tarifa general sería ilegal, puesto que la Ley de Transporte para el Estado de Oaxaca, en su artículo 116, fracción décima, establece que antes de una autorización por parte de la autoridad, Sevitra, debe de haber un estudio socioeconómico previo.
Esto ni siquiera se ha considerado, o bien, la autoridad no ha informado si se lleva a cabo o bajo qué términos se negocia un incremento, pues si bien no está autorizado, por ahora, no quiere decir que no se vaya a dar.
El representante de la asociación civil, dijo que un incremento representa un golpe para la economía de miles de familias, ya que en transporte público urbano es el medio que utilizan más de medio millón de personas diariamente en la capital.
“(Para) un padre de familia que utiliza este medio de transporte para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y cumplir con otras necesidades, representaría una afectación severa”.
Sostuvo que a antes de aprobar un incremento, la Secretaría de Movilidad debería obligar a los empresarios a mejorar el servicio.
Alistan amparos
De darse el aval para aumentar el costo del pasaje, el Movimiento Vial, junto con otras organizaciones civiles, alistan ya amparos colectivos.
Sostuvo que son varios los ciudadanos los que se han acercado a esta asociación para evitar que esta medida les afecte su poca solvencia económica.
