La Comisión Permanente del Senado de la República alista un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado a identificar y castigar a los responsables del conflicto electoral que permea en el municipio de San Carlos Yautepec, mismo que ha dejado, señala el documento, a 35 familias desplazadas.
Asimismo, exhorta al Centro de Servicios de Procuración de Justicia Sector Metropolitano del Estado de Oaxaca, para que resuelva los hechos contenidos en la carpeta de investigación con número 3751/0AXACA/2018 de fecha 9 de abril del 2018 y que sancione por los delitos cometidos a quienes resulten responsables.
Y por último pide a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el ámbito de su competencia, a investigar estos hechos y fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados.
Antecedentes
"El único "delito" cometido por las familias de indígenas zapotecos, chontales y mixes del municipio de San Carlos Yautepec desterradas, privadas de su libertad, secuestradas, torturadas, de la persona asesinada, de los intentos de homicidio ha sido el ejercicio de su derecho al voto", señala el documento.
Y es que el 17 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la elección extraordinaria para nombrar el Ayuntamiento Constitucional 2018 - 2019 en el municipio de San Carlos Yautepec, dicha elección fue validada por el Consejo General del IEEPCO el 30 de diciembre de 2017.
Sin embargo, personal de la Secretaría de Asuntos Indígenas del gobierno del estado de Oaxaca, en apoyo a un grupo de pobladores de la cabecera municipal de San Carlos Yautepec, presentaron una impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca pretendiendo validar una primera elección que contó con la asistencia de 187 ciudadanos.
Posteriormente, el 08 de marzo del presente año el TEEO validó por unanimidad de los 3 magistrados la elección del 17 de diciembre de 2017 donde participaron las 27 comunidades y la cabecera municipal, ratificando al C. Salomón Ríos Pérez como presidente municipal de San Carlos Yautepec.
Empero estas decisiones provocaron, señala el documento, actos de violencia en la demarcación. Y explica que se han cometido abusos en contra del cabildo, del presidente municipal y de la población que tiene diferente posición política.
"Dichos abusos y crímenes van desde privación de la libertad, amenazas, atentados, golpes, lesiones, robos, despojos y enfrentamientos en donde han resultado heridos y se registró el homicidio de una persona de la comunidad. A consecuencia de estas acciones, existen 35 familias que suman más de 120 personas que han decidido salir de esta población por el ser amenazadas con la expulsión de la cabecera municipal o en caso de querer seguir viviendo dentro de la comunidad, pagar una cuota de $50,000.00".
