Ante fuertes trascendidos de la incorporación del ex secretario general de gobierno Jorge Franco Vargas al gobierno estatal, el ex presidente de la Gran Comisión de la 58 legislatura, Juan Díaz Pimentel, asevera que de confirmarse la versión la sociedad oaxaqueña sufriría un gran agravio y se mandaría un mensaje de total impunidad al pueblo de Oaxaca.
El político oaxaqueño recuerda que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en octubre del 2009, estimó que sí hubo violación grave generalizada y particularizada de garantías individuales y derechos fundamentales en el conflicto social del 2006, cuando Franco Vargas era responsable de la política interna del estado, y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reiteró esta posición, nunca se actuó en contra de los responsables, que hasta hoy gozan de una abierta impunidad.
“También la Comisión de la Verdad de Oaxaca, en el 2016, recomendó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social retomar las investigaciones contra el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y su secretario general de gobierno, Jorge Franco Vargas, entre otros funcionarios de ese gabinete, por la violación a derechos humanos en el movimientos social oaxaqueño, como desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias con tortura”.
Diversos señalamientos
Añade que incluso el defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, en 2018, interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional, por los crímenes cometidos por ex funcionarios federales y estatales en contra los habitantes del estado de Oaxaca, durante los años 2006 y 2007, entre ellos Franco Vargas, pero todos gozan de impunidad.
El ex secretario de salud estatal subrayó que Franco Vargas también fue denunciado como partícipe en la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), mismos que fueron detenidos en el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca la noche del 24 de mayo de 2007 y nunca más se volvió a saber de ellos.
“Estamos entonces ante el caso de un ex funcionario público que tiene diversos señalamientos de graves violaciones a los derechos humanos y que, ahora, pretende incorporarse al gabinete del gobernador Alejandro Murat Hinojosa para reivindicar su imagen, aunque no ha respondido ante las autoridades por el cúmulo de señalamientos que existen en su contra”.
-¿Esto qué mensaje daría al pueblo de Oaxaca?
-Primero, que esta administración gubernamental también le brindará protección y, segundo, es un enorme agravio a la ciudadanía oaxaqueña porque no se le ha hecho justicia por los hechos del 2006.
Díaz Pimentel asegura que Oaxaca no merece este tipo de designaciones, “sobre todo cuando la herida del 2006 no termina de cerrar, simple y sencillamente porque no se ha hecho justicia.
Todavía hay un magisterio agraviado, organizaciones sociales y políticas indignadas por la falta de aplicación de la ley. Todavía las familias de los agredidos esperan que se les haga justicia”.
