La atención a las adicciones en Oaxaca está bajo la lupa, atrapada entre la proliferación de centros de rehabilitación privados que operan en la clandestinidad y la promesa oficial de un cambio de enfoque. Luego de una protesta pacífica frente a las oficinas de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, las autoridades médicas estatales anunciaron un plan que busca dejar de criminalizar a los consumidores de sustancias para tratarlos estrictamente bajo un esquema de salud mental.
La manifestación, encabezada por administradores de centros de rehabilitación privados conocidos popularmente como "anexos", exigía la destitución de una funcionaria y reglas claras sobre los permisos y certificaciones para operar. Aunque el conflicto se desactivó tras una mesa de diálogo, el secretario de Salud de Oaxaca, Efrén Emmanuel Jarquín González, reconoció que el estado arrastra un serio problema de regulación en estos lugares, donde muchos operan de manera totalmente anómala y fuera del censo oficial.
El giro hacia la salud mental
El fondo del asunto va más allá del papeleo de los permisos. El funcionario estatal admitió que la apuesta del sector salud es quitarle la etiqueta delictiva al consumo de drogas para meterlo en la cancha de la atención médica y psíquica antes de que intervengan las autoridades judiciales.
"Nuestra intención es primero atender un problema de salud mental antes de tomar una acción penal o de algún otro tipo para una persona que sufre una adicción", señaló Jarquín González.
Para sostener este discurso con hechos, las autoridades afirmaron que se inyectará presupuesto estatal para equipar y reforzar los siete Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosamas) que existen en la entidad, los cuales han operado históricamente con recursos limitados.
Limpieza en los centros de rehabilitación
El acuerdo con los manifestantes también desatará una ola de inspecciones sanitarias. La Secretaría de Salud, en coordinación con el DIF y el sistema IMSS-Bienestar, alista un despliegue de regulación para verificar las condiciones físicas y de derechos humanos dentro de los anexos.
El reto no es menor: mientras el gobierno busca canalizar a los pacientes a clínicas públicas equipadas, la realidad es que la falta de cobertura estatal ha provocado que las familias sigan recurriendo a estos centros privados, muchos de los cuales operan bajo sospecha de maltratos y sin supervisiones médicas reales. Las autoridades prometieron presentar el censo real y el desglose de los centros sancionados en las próximas semanas.
