La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que el exceso de velocidad fue la causa principal del descarrilamiento del tren ocurrido el 28 de diciembre en Nisanda, Oaxaca, sobre la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, en el Corredor Interoceánico.
Al presentar el informe inicial de la investigación, la fiscal expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. “Antes de iniciar quiero expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas y las familias de las personas que lamentablemente perdieron la vida”, señaló, al tiempo que aseguró que la institución trabaja “con todas las capacidades de esta fiscalía para obtener justicia”.
Godoy Ramos detalló que desde el primer día personal ministerial, peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al lugar de los hechos para realizar inspecciones en la vía, el tren y el entorno, además de asegurar la caja negra de la locomotora siniestrada, la cual fue clave para reconstruir lo ocurrido. “La caja negra es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad e inalterable”, subrayó.
De acuerdo con los registros obtenidos, el tren circuló a velocidades muy superiores a las permitidas. “El tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas donde la máxima permitida es de 70”, explicó la fiscal, y añadió que en la curva donde ocurrió el siniestro “circulaba a 65 kilómetros por hora cuando la velocidad autorizada era de 50”.
La fiscal general precisó que las inspecciones descartaron fallas técnicas. “No se encontraron daños en la infraestructura ferroviaria ni fallas mecánicas en el tren que pudieran poner en riesgo su operación”, afirmó, lo que confirma que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Incluso, dijo, “hubo puntos en los que el tren frenó hasta llegar a cero kilómetros por hora” antes del accidente.
Sin embargo, tras esas detenciones, se registró una aceleración súbita. “Luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento considerable debido a que el maquinista aceleró hasta el lugar del siniestro”, indicó. La fiscal advirtió que “el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional, debido al peso, la masa y el radio de la curva”.
Con base en estos elementos, la Fiscalía General de la República determinó ejercer acción penal. “Nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”, informó Godoy Ramos, al señalar que los responsables de la operación del tren no cumplieron con la normatividad vigente.
Finalmente, la fiscal destacó que se mantiene una mesa permanente de atención a víctimas para garantizar la reparación integral del daño y reiteró el compromiso institucional de informar con transparencia y respeto al debido proceso.
