A tres años de las agresiones a las comunidades indígenas mixtecas de Ndoyonoyuji, Guerrero Grande y Mier y Terán, perteneciente a San Esteban Atatlahuca, el Estado mexicano no ha cumplido las medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni la acción urgente otorgada por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes informó que un grupo armado encabezado por las autoridades de esa municipalidad, ingresó a las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, los días 21, 22 y 23 de octubre de 2021, para quemar más de cien casas.
Expuso que ese mismo grupo armado atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, donde dieron muerte al señor, Isidoro Hernández y desaparecieron a los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño.
Aunque, observó que los ataques y agresiones a las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, empezaron desde el día 1 de octubre de ese año, muriendo el señor Jacinto Hernández Quiroz.
Además, detalló que la defensora del bosque Irma Galindo Barrios, indígena mixteca, de 38 años de edad, originaria y vecina de la comunidad de Totoi, fue vista por última vez el 27 de octubre en la estación del metro Barranca del Muerto, en la Ciudad de México.
De esta manera, subrayó que la CIDH otorgó medidas cautelares, el 23 de diciembre, en favor de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji, para proteger los derechos a la vida e integridad física de sus habitantes.
Destacó que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió una acción urgente el 31 de diciembre para solicitar al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la activista Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
Sin embargo, resaltó que ninguna persona se ha localizado hasta la fecha, porque las acciones realizadas por el Estado mexicano han sido insuficientes, tampoco ha sido detenida ninguna persona por los hechos de violencia.
Ante esto, Santiago Reyes exigió al Estado mexicano el cumplimiento de las medidas cautelares y de la acción urgente, en nombre de los desplazados y de las víctimas.
