Octavio Vélez
La familia de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida forzadamente desde marzo del año pasado en Asunción Nochixtlán, denunció que el Poder Judicial del Estado (PJE) pospuso por quinta ocasión la audiencia intermedia del proceso penal instruido a los presuntos responsables de los hechos.
En una videoconferencia de prensa desde el Reino Unido, Elizabeth Uruchurtu Cruz informó que el PJE había programado el desahogo de la audiencia intermedia el miércoles pasado con el propósito de admitir los medios de prueba ofrecidos por las partes para concluir con el dictado del auto de apertura de juicio.
Sin embargo, expuso que el PJE postergó nuevamente la audiencia intermedia para el martes próximo, a pesar de ser de suma relevancia para el proceso penal.
Por eso, subrayó que la familia está demasiada preocupada, porque aparentemente se pretenden empatar los tiempos de elección a la gubernatura con las audiencias del caso.
“Si bien el PJE ha intentado justificar los diferimientos reiterados de las audiencias, esperamos que tal circunstancia no continúe”, asentó.
De lo contrario, destacó que se estarán vulnerando sus derechos como víctimas indirectas de acceder a la justicia de manera pronta y expedita, en los términos establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política federal.
Ante esto, demandó al PJE respetar sus derechos como víctimas en todas y cada una de las actuaciones judiciales, así como una administración de justicia imparcial y apegada a derecho, para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia en el caso.
De acuerdo con la organización Frontline Defenders, en 2019 fueron asesinados 24 defensores de derechos humanos y en 2020 otros 20.
"Hoy en día México es uno de los países más letales para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo a nuestras cifras de 2020", indicó Sandra Patargo, representante en México de Frontline Defenders.
"Esto es muy alarmante y al mismo tiempo no hay señales que las cosas vayan a mejorar este año".
