Luis Ignacio Velásquez
El estado de Oaxaca registró uno de los promedios más bajos en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) 2022, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la calidad de la información presupuestal de las 32 entidades federativas del país.
La entidad registró un porcentaje total de cumplimiento del 88.88 por ciento, que la ubica en el lugar 25 del ranking nacional, con información de municipios al 50 por ciento, deuda pública 85 por ciento y rubros específicos de 67 por ciento.
El rubro de Deuda pública desglosa el destino de cada una de las contrataciones de deuda pública, la deuda pública por tipo de obligación o instrumento de contratación; y contiene topes para la contratación de deuda pública.
En tanto, los Rubros específicos desglosa el financiamiento público para cada partido político, el pago para contratos de asociaciones público privadas y el saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por dependencia
El Imco subraya que en esta última edición del BIPE, 12 entidades federativas alcanzaron un cumplimiento de ciento por ciento.
Nueve entidades obtuvieron un cumplimiento entre el 95 y el 99 por ciento; Nayarit y Nuevo León obtuvieron 99 por ciento en la evaluación.
Seis cumplieron entre el 80 y 94 por ciento, Tamaulipas, Baja California Sur, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México.
En contraste, Guerrero es la única entidad del país que obtuvo una calificación inferior al 70 por ciento.
Manifiesta que, a pesar de los avances, algunas entidades no publican información sobre su deuda pública, los sueldos, salarios y plazas del personal docente, ni el saldo de los fideicomisos.
Asevera que conocer la información presupuestal de las entidades federativas es importante ya que los gobiernos estatales ejercen un tercio del gasto público en el país.
Por ello, el Imco propone institucionalizar las mejores prácticas de contabilidad gubernamental y transparencia presupuestal para la elaboración y aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos.
Además de contar con unidades de evaluación que vinculen de manera obligatoria los resultados de su desempeño y la asignación de recursos en el siguiente ejercicio fiscal, así como acortar la brecha entre el presupuesto aprobado y el ejercido.
