Una red de organizaciones comunitarias, asociaciones civiles y expertos de Oaxaca, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Veracruz, hizo un llamado urgente al gobierno federal para que reconozca la gestión comunitaria del agua en la Constitución Política federal.
En un posicionamiento, la alianza afirmó que la gestión comunitaria del agua, una práctica de cientos de años, ha permitido a más de 20 mil organizaciones proveer servicios de agua y saneamiento a más de 25 millones de personas en zonas rurales y marginadas, donde los gobiernos municipales han sido incapaces de cumplir con este mandato.
Expuso que las organizaciones han mantenido el acceso al agua sin fines de lucro, han priorizado los derechos humanos sobre el lucro, han sido eficientes y transparentes con el manejo de los recursos comunitarios y los apoyos ocasionales recibidos, porque rinden cuentas de manera regular ante la asamblea.
Por esto, sostuvo que la gestión comunitaria del agua ha sido la herramienta para el acceso de manera digna al derecho humano al agua y al saneamiento para los habitantes de zonas rurales e indígenas de México.
Expresó que también ha sido un antídoto contra el modelo neoliberal de la explotación del agua, porque el acceso al líquido y el saneamiento deben ser derechos humanos garantizados, no bienes y servicios mercantilizados.
Sin embargo, observó que las organizaciones han enfrentado una histórica discriminación institucional para ser relegadas a la marginación, la precariedad y a la voluntad de las autoridades municipales en turno.
De este modo, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una audiencia para escuchar sus argumentos y opine en favor del reconocimiento constitucional de la gestión comunitaria del agua, por ser un modelo clave para una gestión equitativa, sostenible y justa del agua del país.
Además, requirió reuniones con el Poder Legislativo para exponer el tema e instalar una mesa técnica para transformar el texto del dictamen para la reforma del artículo 27 de la Constitución Política federal y la gestión del agua se centre en las personas, en los pueblos, en las comunidades campesinas e indígenas.
Ante ello, dijo que las autoridades de todos los niveles necesitan reconocer a los ciudadanos quienes día con día garantizan la provisión de agua para las zonas rurales, las zonas más alejadas y marginadas.
