- La medida legal homologa penas y agravantes en todo el país
La 66 Legislatura aprobó la minuta remitida por el Honorable Congreso de la Unión, por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de para expedir la Ley General contra la Extorsión, que permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados.
El dictamen establece que la extorsión afecta gravemente al comercio, la inversión y el emprendimiento, ya que impone costos ilegales a quienes buscan generar empleo y desarrollo.
Sostiene que, particularmente en Oaxaca, la relevancia de esta reforma se vuelve aún más evidente. Nuestro estado, con una economía basada en el comercio local, el turismo y la pequeña y mediana empresa, se encuentra especialmente vulnerable a la extorsión. Desde el cobro de “cuotas” a transportistas y comerciantes, hasta la amenaza directa a prestadores de servicios turísticos, la extorsión inhibe la actividad económica y genera un clima de miedo que repercute en la vida cotidiana de miles de familias. Además, en un contexto donde la pobreza y la desigualdad persisten, este delito adquiere un efecto aún más devastador, pues roba oportunidades de progreso y desarrollo a comunidades enteras.
“El turismo, motor económico fundamental de Oaxaca, es particularmente sensible a la percepción de inseguridad. Los actos de extorsión, aunque no siempre visibles en las estadísticas, se difunden rápidamente entre visitantes y potenciales inversionistas, poniendo en riesgo la estabilidad de un sector del que dependen miles de empleos. De ahí la importancia de contar con un marco normativo nacional que garantice certidumbre y confianza, tanto a los ciudadanos como a quienes desean invertir en Oaxaca”.
Asimismo, señala que la diversidad cultural y geográfica de nuestro estado, con comunidades alejadas de los centros urbanos, exige una acción coordinada entre la federación y las autoridades locales. Una ley general en materia de extorsión ofrecerá las herramientas necesarias para homologar criterios, diseñar protocolos compartidos y evitar que las zonas rurales y marginadas se conviertan en espacios de impunidad para los extorsionadores.
Subraya que esta reforma constitucional no es un simple ajuste técnico, sino una medida de justicia y seguridad para millones de mexicanas y mexicanos. De esta forma se reafirma el compromiso del Estado mexicano con la defensa de la libertad, la dignidad y el patrimonio de todas y todos, consolidando un marco legal más sólido, uniforme y eficaz en la lucha contra la extorsión.
Se reconoce que la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de Gobierno. “Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo, no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y de manera cada vez más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”.
Alcances del delito
- La extorsión afecta al comercio, al turismo, a las PYMES y a la inversión en el estado.
- Impacta tanto en zonas urbanas como rurales.
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Perjuicio económico y social
- La extorsión impone cuotas ilegales a comerciantes, transportistas y emprendedores.
- Genera clima de miedo.
- Afecta miles de empleos, principalmente en turismo.
