Por Redacción NOTICIAS
La desaparición del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (OGAIPO) quedó formalizada luego de que el Congreso del Estado aprobó la creación de un nuevo esquema de transparencia subordinado al Poder Ejecutivo. Con 38 votos a favor y en medio de posturas divididas, las y los legisladores avalaron el proyecto enviado por el gobernador Salomón Jara Cruz, con el que se expiden dos nuevas leyes: la de Transparencia, Acceso a la Información Pública con Sentido Social y Buen Gobierno, y la de Protección de Datos Personales.
La reforma establece la extinción del órgano autónomo creado apenas en 2021 y da paso a “Transparencia para el Pueblo de Oaxaca”, un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. El nuevo diseño centraliza en el Ejecutivo la garantía del derecho a la información en la mayoría de los entes públicos, mientras que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, deberán recurrir a sus propios órganos internos de control para resolver solicitudes y recursos de revisión.
Durante la sesión extraordinaria, el diputado Juan Marcelino Sánchez Valdivieso, integrante de la Comisión de Transparencia, defendió la iniciativa asegurando que busca actualizar la legislación y fortalecer la protección de datos personales. Detalló que el nuevo modelo incluye controles, procedimientos renovados y la habilitación de plataformas digitales vinculadas a la Plataforma Nacional de Transparencia.
Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de críticas. La diputada de Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlan, votó en contra y reprochó que la desaparición del órgano autónomo implica un retroceso en el principio de vigilancia ciudadana sobre el poder público. El priista Javier Casique Zárate también emitió voto negativo.
Las nuevas leyes incorporan cambios amplios: desde un catálogo actualizado de sujetos obligados y la definición de obligaciones específicas, hasta reglas para el ejercicio de derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad). Además, contemplan sanciones para servidores públicos que obstaculicen el acceso a la información o vulneren datos personales.
La reforma deriva del decreto constitucional aprobado en julio de 2025, que mandató al Congreso a armonizar el marco legal en un plazo de 120 días. Con su entrada en vigor, el OGAIPO quedará formalmente disuelto, mientras persisten cuestionamientos sobre la capacidad de un órgano subordinado al Ejecutivo para garantizar de manera independiente el derecho a saber en Oaxaca.
