Hay crisis que comienzan con una explosión. Otras empiezan con una fila.
Oaxaca podría estar viviendo una de las segundas.
Mientras el gobierno estatal asegura que el suministro de combustibles está garantizado, las imágenes de estaciones sin producto, consumidores buscando desesperadamente dónde cargar gasolina y empresarios advirtiendo sobre inventarios limitados cuentan una historia completamente distinta.
La pregunta ya no es si existe un problema.
La pregunta es quién está diciendo la verdad.
Porque una de dos: o el gobierno tiene razón y todo está bajo control, o los ciudadanos que recorren gasolineras vacías están viendo fantasmas.
La tarde del 17 de junio, la administración estatal difundió un mensaje de tranquilidad. Sin embargo, casi al mismo tiempo comenzaban a multiplicarse los reportes de estaciones afectadas por la imposibilidad de abastecerse desde la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en Santa María El Tule, bloqueada por integrantes de la Sección 22 de la CNTE.
Y aquí es donde aparece el primer problema serio.
En Oaxaca parece haberse normalizado que cualquier conflicto social pueda poner de rodillas actividades estratégicas para millones de personas.
Carreteras.
Casetas.
Aeropuertos.
Dependencias.
Y ahora instalaciones energéticas.
Lo más preocupante es que ya ni siquiera sorprende.
México produce petróleo.
México presume soberanía energética.
México inauguró una refinería de más de 18 mil millones de dólares.
Pero una sola terminal bloqueada en Oaxaca es capaz de encender las alarmas de desabasto.
Algo no está funcionando.
Y no se trata de una discusión ideológica.
Se trata de una realidad económica.
La gasolina no es un lujo.
Es el combustible que mantiene vivo al estado.
Sin gasolina no circulan taxis.
Sin gasolina no operan miles de motociclistas repartidores.
Sin gasolina se encarece el transporte de mercancías.
Sin gasolina aumentan los costos agrícolas.
Sin gasolina se afecta la distribución de medicamentos.
Sin gasolina se paraliza parte del turismo.
Sin gasolina se vuelve más caro prácticamente todo.
Por eso resulta tan delicado minimizar lo que está ocurriendo.
Los efectos de una crisis de combustible rara vez comienzan en los tanques de almacenamiento.
Comienzan en la psicología colectiva.
México ya vivió esa película en enero de 2019.
El combate federal contra el robo de combustibles provocó cierres temporales de ductos y una reducción en la distribución. Bastaron unos días para que estados enteros entraran en pánico.
Las imágenes todavía están frescas.
Filas de kilómetros.
Personas durmiendo dentro de sus vehículos.
Conductores almacenando gasolina en recipientes improvisados.
Empresas retrasando operaciones.
Miles de horas productivas perdidas.
La economía nacional absorbió costos millonarios.
No porque el país se hubiera quedado completamente sin combustible.
Sino porque la percepción de escasez terminó generando una escasez real.
La historia económica demuestra una y otra vez que los mercados reaccionan más rápido que los gobiernos.
Y Oaxaca no es precisamente una entidad preparada para resistir una interrupción prolongada.
Su economía depende enormemente del transporte terrestre.
Los productos agrícolas viajan por carretera.
Los insumos comerciales viajan por carretera.
Los turistas llegan por carretera.
Las cadenas de suministro operan por carretera.
La pregunta incómoda es inevitable:
¿Cuántos días podría soportar Oaxaca una interrupción total del suministro?
Nadie lo sabe.
Y eso debería preocuparnos.
Porque si la respuesta estuviera clara, las autoridades ya la habrían comunicado.
Mientras tanto, la Sección 22 tampoco puede fingir que no entiende la dimensión del problema.
Las organizaciones sociales tienen derecho a protestar.
Eso es indiscutible.
Pero cuando una protesta afecta infraestructura crítica para millones de personas, deja de ser únicamente una manifestación política.
Se convierte en un asunto de interés público.
La CNTE exige respuestas del gobierno.
Es legítimo.
Lo que no resulta legítimo es que los costos recaigan sobre comerciantes, trabajadores, transportistas, agricultores y familias que no participan en la negociación.
Porque al final del día, quienes terminan pagando la factura no son los funcionarios.
Son los ciudadanos.
Pero tampoco el gobierno puede lavarse las manos.
De hecho, la responsabilidad institucional es aún mayor.
Porque si un bloqueo de pocos días es suficiente para generar alertas de desabasto, entonces el problema de fondo no es la protesta.
Es la fragilidad del sistema.
Oaxaca lleva décadas enfrentando bloqueos.
Décadas.
No es un fenómeno nuevo.
Entonces, ¿por qué no existen mecanismos robustos de contingencia?
¿Por qué una sola instalación concentra una parte tan importante del suministro regional?
¿Por qué seguimos descubriendo vulnerabilidades cada vez que estalla un conflicto social?
La respuesta probablemente sea incómoda.
Porque históricamente los gobiernos han preferido administrar crisis antes que resolverlas.
Y Oaxaca es un ejemplo casi perfecto de esa política.
Se administra la pobreza.
Se administran los bloqueos.
Se administran los conflictos.
Se administran los rezagos.
Pero rara vez se corrigen las causas estructurales.
Por eso cada temporada de lluvias aparecen las mismas inundaciones.
Por eso cada conflicto magisterial produce las mismas afectaciones.
Y por eso cada interrupción logística amenaza con convertirse en una emergencia.
La gasolina es apenas el síntoma.
La enfermedad es otra.
La verdadera crisis es la enorme dependencia de un sistema incapaz de resistir presiones mínimas sin tambalearse.
Si el abasto está garantizado, el gobierno debe demostrarlo con hechos y no con comunicados.
Si existe riesgo de desabasto, debe decirlo con honestidad.
Y si la CNTE considera legítima su protesta, también debe asumir la responsabilidad pública de las consecuencias que genera.
Porque la peor combinación posible es la que hoy parece instalarse en Oaxaca:
Un gobierno que dice que no pasa nada.
Un movimiento social que dice que no es responsable.
Y una ciudadanía que empieza a ver cómo la gasolina desaparece.
Cuando eso ocurre, la crisis deja de estar en los discursos.
Empieza a sentirse en la calle.
Y cuando una sociedad entra en modo de supervivencia, ninguna narrativa oficial alcanza para llenar un tanque vacío.
