En días recientes, un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación mostró cómo un adolescente de talla baja, identificado solo por las iniciales J.A.T.P., fue víctima de una agresión física por parte de compañeros dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 25, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca.
El caso, presuntamente ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, ha generado una respuesta oficial de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (CADH), que encabeza Flor Estela Morales Hernández.
La titular de la CADH lamentó la difusión del video sin difuminar el rostro del menor, lo que agrava su victimización y el impacto psicológico que enfrenta. Por ello, hizo un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que se abstengan de seguir divulgando las imágenes, tanto por la protección de la integridad del adolescente como de su familia.
Detalló que desde la institución se ha brindado acompañamiento legal y psicológico, además de solicitar que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúe con perspectiva de derechos humanos y de discapacidad, y que determine las responsabilidades correspondientes.
Este no es un caso aislado. Según autoridades locales, en 2025 también se atendió otra agresión similar contra una persona menor de edad y de talla baja, lo que subraya la persistencia del problema y la necesidad de reforzar medidas preventivas y educativas para combatir la discriminación en entornos escolares.
Entre los principales retos señalados está la permanencia de barreras actitudinales, expresadas en burlas, apodos y exclusión social, las cuales obstaculizan el pleno ejercicio de derechos y agravan los efectos psicológicos de la violencia.
En México no existe un registro oficial detallado sobre cuántas personas viven con talla baja; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aún no incluye esta condición de manera específica en sus censos demográficos.
Sin embargo, organizaciones civiles especializadas estiman que entre 11 mil y 13 mil personas en el país tienen talla baja asociada a condiciones como la acondroplasia o distintas displasias esqueléticas. Estas cifras provienen de agrupaciones como Gran Gente Pequeña y han sido citadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en diversas publicaciones.
La acondroplasia, la forma más común de baja estatura de origen genético, se presenta en aproximadamente uno de cada 25 mil nacimientos, de acuerdo con estimaciones de organizaciones especializadas.
Además de la falta de estadísticas oficiales, encuestas sobre discriminación en la Ciudad de México han mostrado que las personas de talla baja figuran entre los grupos más vulnerables a sufrir prejuicios y exclusión social en distintos espacios de la vida cotidiana.
Barreras y respuestas institucionales
Las barreras que enfrentan las personas de talla baja son tanto físicas —como la falta de infraestructura accesible en transporte, escuelas y espacios públicos— como actitudinales, derivadas de prejuicios y estigmas que persisten en la sociedad.
Autoridades y organizaciones han destacado la importancia de incorporar medidas de inclusión y políticas públicas específicas, que van desde la adaptación de alturas en espacios físicos hasta la promoción de campañas de sensibilización en escuelas y comunidades.
Asimismo, la reforma al artículo 4.º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2018, reconoció explícitamente a las personas de talla baja como personas con discapacidad, lo que en teoría les otorga acceso a los derechos y protecciones que esa condición implica.
El caso ocurrido en Salina Cruz pone en evidencia que, a pesar de las reformas legales y del acompañamiento institucional, aún persisten graves desafíos en materia de respeto, equidad e inclusión para las personas con talla baja, especialmente en entornos educativos donde la convivencia debería garantizar seguridad y dignidad para todas y todos.
