Ya fueron liberadas las exautoridades municipales de San Juan Juquila Mixe que permanecían retenidas desde el pasado fin de semana, luego de que se alcanzó un acuerdo en asamblea comunitaria para transparentar el ejercicio de los recursos públicos y encauzar cualquier irregularidad por la vía legal. Así lo informó el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, quien señaló que el conflicto se resolvió mediante el diálogo y el respeto al sistema normativo interno de la comunidad.
Las personas que habían sido privadas de su libertad eran la ex presidenta municipal del periodo 2024, Onésima O. A.; el ex presidente municipal del periodo 2025, Fidel E. U.; el ex síndico municipal Israel P. M.; el ex regidor de Hacienda, Nahúm “N”; así como el actual secretario municipal, Eder V., además de otros ex funcionarios locales. Todos ellos fueron señalados por presuntos actos de corrupción y por un supuesto desvío de recursos públicos que ascendería a alrededor de 28 millones de pesos, derivado —según los denunciantes— del uso de constructoras prestanombres que habrían recibido el dinero.
Romero López explicó que el fondo del conflicto no es un delito acreditado hasta ahora, sino la falta de comprobación y explicación clara del destino de los recursos. “Cualquier situación de falta de comprobación de recursos corresponde a las autoridades explicarle a la comunidad el fin último del dinero, que es del pueblo. Siempre tenemos que equilibrar lo que la ley establece con lo que las asambleas comunitarias plantean como un derecho consuetudinario”, afirmó.
El funcionario subrayó que, aunque los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas son legítimos, deben armonizarse con el marco legal para evitar violaciones a derechos humanos. Indicó que las exautoridades aceptaron comparecer ante la asamblea comunitaria para rendir cuentas y transparentar el manejo de los recursos, lo que permitió llegar a un “buen acuerdo” y concretar su liberación.
La retención se originó tras una asamblea realizada el 11 de enero, convocada por el actual presidente municipal, Medardo Medrano, en la que se expusieron los señalamientos de presunta corrupción contra administraciones anteriores. Tras una discusión que se tornó tensa, la población detuvo a los acusados, quienes incluso estuvieron en riesgo de ser linchados, pero finalmente fueron resguardados y encarcelados en la cárcel municipal.
En su momento, un grupo de habitantes denunció que la privación de la libertad se realizó sin un acuerdo formal de la Asamblea General y sin denuncias previas ante las instancias competentes, por lo que calificaron los hechos como actos de intimidación, presión y violencia política.
