A diez años de la masacre del 19 de junio del 2016 en Asunción Nochixtlán, las víctimas directas e indirectas de las ejecuciones extrajudiciales, lesiones y tortura exigieron justicia y derecho a la verdad.
En su representación, el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, informó que esa organización civil ha dado acompañamiento a las víctimas directas e indirectas, desde el día de los hechos, principalmente con la denuncia presentada de manera presencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, en contra del Estado mexicano por la ejecución extrajudicial de seis personas en Asunción Nochixtlán.
Expuso que la CIDH recibió la petición el 13 de julio de 2017 y posteriormente el 15 de febrero de 2022, trasladó la denuncia al Estado mexicano y concedió tres meses para dar contestación.
Sin embargo, expresó que el Estado mexicano no dio respuesta durante la etapa de admisibilidad y de este modo, la CIDH decidió el 14 de mayo de 2024 retrotraer la denuncia.
Además, explicó que la organización civil presentó el 11 de enero de 2023 una comunicación en contra del Estado mexicano en el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por la tortura a 10 indígenas mixtecos sucedida la misma fecha en el panteón municipal de Asunción Nochixtlán, aunque también fue trasladada al Estado mexicano.
Subrayó que la organización civil presentó el 31 de mayo de 2024 una comunicación a la Relatoría Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la Organización de la ONU, donde se denuncia la ejecución extrajudicial y sumaria de Ornar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Silvano Sosa Chávez y Jesús Cadena Sánchez.
Aparte de esto, destacó que el juez de Control de Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca, Álvaro Niño Cruz, quien conoce la carpeta judicial OAX/000501/2021 por los hechos, dictó una media cautelar diferente a la prisión preventiva a José Luis Rincón Alvarado y Froilán Carlos Cruz, con arraigo domiciliario a Luis Enrique Cobián López y Jorge Isaac Trujillo Morales.
De esta manera, resaltó que solamente una persona se encuentra privada de su libertad, José Luis Lazo Sánchez, por el delito de homicidio en contra de Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena Sánchez y Yalid Jiménez Santiago.
Ante esto, demandó justicia y derecho a la verdad para las víctimas directas e indirectas y dio a conocer que continuaran los litigios a nivel internacional para que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano pueda ser sentenciado por su responsabilidad en la violación a los derechos a la vida, la integridad física, así como para que el Comité Contra la Tortura emita el dictamen respectivo donde se responsabilice al Estado mexicano por los hechos denunciados.
