Con la reducción de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y la próxima elección de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, Oaxaca dará cumplimiento a la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión en el 2024, afirmó el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.
Manifestó que con esto se cumple, dentro del plazo establecido por el Congreso de la Unión de 180 días para aplicar la reforma constitucional, “porque nosotros ya tenemos la posibilidad de comenzar con la elección, incluso, de las y los magistrados del tribunal de disciplina y del órgano de administración, que se hará lo más rápido que se requiera”.
En entrevista con Noticias, Voz e Imagen de Oaxaca, recordó que la Reforma Judicial federal contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.
“El artículo 8º transitorio de la reforma federal daba la posibilidad de que para el 2027 la totalidad de los magistrados sean electos por el voto popular, pero aquí se ponderaron diversas situaciones con el órgano electoral, el Poder Ejecutivo, entre otros, el tema presupuestal, pero además la permisión de la Reforma Judicial federal para que hasta el 2027 sea obligatoria la elección de los magistrados y varios estados optamos por irnos hasta el 2027 para la elección de jueces y magistrados”.
Vásquez Sagrero subrayó que ya están trabajando en la integración del Órgano de Administración Judicial y de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, porque una de las intenciones de la Reforma Judicial federal es quitar la carga que tenía quien presidía la tarea jurisdiccional de los aspectos administrativos y disciplinarios.
“Por eso en Oaxaca, siguiendo la Reforma Judicial federal se establece e implementa el órgano de administración, que se integrará por una persona propuesta por cada uno de los poderes del estado y el tribunal de disciplina que se integrará por magistrados con facultades disciplinarias”.
Dijo que la presidencia del TSJ quedará de esta manera encargada de resolver el trámite jurisdiccional que tenga que resolver el pleno, que también se acota y se reduce; pero se le quita a la carga a quien preside el tribunal de estar viendo el papel, el agua los suministros que requiera el Poder Judicial para funcionar, tendrá que ser el órgano de administración el encargado ya del presupuesto y de los temas administrativos de juzgados, del tribunal, de todo, incluso nóminas; además, al ser un órgano colegiado, ya no queda al albedrío de una sola persona cómo se distribuye el recurso.
Comentó que la composición del Tribunal Superior de Justicia del estado se amplió en el 2014, porque a través de un artículo transitorio se incorporó a los seis magistrados del Tribunal Estatal Electoral al TSJ, por lo que paso de 22 integrantes a 28.
“Entonces cuando empezamos a ver la media aritmética de magistrados en las entidades federativas por el número de habitantes resulta que estábamos bien sobrados, incluso se analizó el número original (22 magistrados), pero aun así el número era alto respecto al número de habitantes y magistrados, por eso al final en el Congreso decidieron bajar la integración del Poder Judicial a 16 magistrados y magistradas”.
- ¿Entonces no propuso la consejería la reducción?
- No, nosotros propusimos que fueran 22 magistraturas, pero en el análisis de la iniciativa que presentó el gobernador Salomón Jara Cruz al Congreso local se decidió reducir el número a 18. Nosotros pedimos que se regresara al número original de 22 magistrados, pero los diputados argumentaron que se elegirían tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo serían 25 y, además, se nombrarán tres personas en el Órgano de Administración Judicial, que si bien no son magistrados van a tener más o menos ese nivel, entonces volverían a ser 28.
- ¿Este número de magistrados no limitará el trabajo jurisdiccional que llevan a cabo?
- No, si hay voluntad de trabajar. Por ejemplo, los últimos magistrados que no fueron ratificados en su cargo al momento de ser evaluados, porque ahí sí interviene el Poder Ejecutivo, nos dimos cuenta que había magistrados, magistradas, que se tardaron en resolver asuntos 4 mil días, 5 mil días y, una de ellas, tuvo 10 mil días un asunto. Así que si se ponen a trabajar no tiene por qué haber este retraso y aun así hay rezago. Por ejemplo, en la Sala de Justicia Indígena encontramos a un magistrado que tenía en rezago 334 expedientes, algunos de ellos con un año y medio o más en que no se habían acordado la entrega de copias a los demandantes o la admisión de la demanda, por lo que existe un tema de negligencia, de retraso.
Destacó que si los magistrados trabajan, y van al día, desde luego que esto no puede ser un impedimento y cuentan con todo el personal necesario para desarrollar su función como secretarias, proyectistas, secretarios de estudio y cuenta, etcétera.
“La verdad es que es un tema de negligencia muchas veces y lo que se requiere es que trabajen. Si nos vamos a una evaluación de ver cuántos asuntos resuelve el pleno por semana, es inconcebible que en un Tribunal Electoral resuelvan hasta 80 asuntos en una sola sesión y aquí sea bajísimo”.
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