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Congreso de Oaxaca aprueba reforma sobre prisión preventiva oficiosa

La reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión y el tráfico de fentanilo, entre otros.
Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

La 66 Legislatura Estatal avaló la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, aprobada por el Congreso de la Unión.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, señaló que, como grupo parlamentario respaldan con convicción la reforma, recientemente aprobada en el Senado de la República, porque la iniciativa desde su origen responde a la exigencia legítima de garantizar mayor seguridad, justicia y paz para las y los mexicanos.

Destacó que la reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión, los delitos relacionados con drogas sintéticas, como el fentanilo, y la emisión de comprobantes fiscales falsos. 

“Estas conductas ilícitas representan no solo un desafío para la aplicación de la ley; sino un ataque directo al tejido social y a los principios de legalidad que deben regir a nuestra nación”.

Añadió que la reforma busca evitar que los presuntos responsables de delitos graves puedan eludir la acción de la justicia y es un paso firme hacia la protección de las víctimas, quienes muchas veces enfrentan amenazas o represalias mientras los agresores gozan de libertad provisional.

“La inclusión de los delitos relacionados con las drogas sintéticas como el fentanilo, es crucial ante una crisis de salud y seguridad que esta sustancia genera en México y el mundo; el tráfico y distribución de estas sustancias tienen efectos devastadores en nuestras comunidades y su combate debe de ser prioritario; la inclusión de las actividades relacionadas como comprobantes fiscales falsos, responden al compromiso de nuestro movimiento para erradicar las prácticas que han afectado las finanzas públicas y perpetuado esquemas de corrupción en perjuicio de la nación”.

 

Subrayó que Morena reafirma su compromiso con la justicia, el respeto a los derechos humanos y la implementación de medidas proporcionales a la magnitud del daño real que generan estos delitos. 

“Entendemos que la prisión preventiva oficiosa es una medida opcional que debe ser aplicada con prudencia y responsabilidad, en el marco de los principios constitucionales; esta reforma es una extensión del esfuerzo por transformar el sistema judicial del país, emprendida desde su inicio por la cuarta transformación, que impulsó nuestro ex presidente Andrés Manuel López Obrador; la lucha contra la impunidad y la corrupción ha sido una de las piedras angulares de nuestro proyecto y esta reforma es un ejemplo tangible de nuestra determinación por consolidar un México más justo, igualitario y seguro para nuestra sociedad”. 

Por su parte, los diputados de Movimiento Ciudadana (MC), Alejandra García Morlán, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Casique Zárate; votaron en contra de la reforma porque consideraron que esta medida lejos de resolver la crisis de inseguridad que azota a nuestro país, representa una amenaza directa a los principios más básicos de justicia y libertad.

Señalaron que la prisión preventiva oficiosa, tal como está planteada, no es una herramienta de justicia, sino una herramienta de control, que vulnera no solo la presunción de inocencia, un derecho consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales, sino que abre la puerta al abuso y la arbitrariedad, porque inflará los datos de las personas en prisión, sin importar si son inocentes, sin garantizar una justicia efectiva.

Advirtieron que el uso excesivo de la prisión preventiva no solo sobrecarga el sistema judicial y desvía recursos que de una u otra manera se utilizarían para aplicar estrategias más efectivas como la prevención del delito y el fortalecimiento policial; además, la reforma amplía el margen de acción y las posibilidades de que se utilice como herramienta de persecución política. 

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