El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) declaró la existencia de violencia política en razón de género cometida contra dos regidoras y violencia política contra un adulto mayor en tres municipios de la entidad.
Al resolver el Juicio de la Ciudadanía JDCI/104/2025, el Pleno del órgano jurisdiccional acreditó actos de violencia política en razón de género y obstrucción al cargo que denunció la regidora de Ecología del Ayuntamiento de San Agustín Loxicha, atribuidos al presidente municipal.
La autoridad municipal impidió el ejercicio del cargo de la actora mediante expresiones estereotipadas, también omitió realizar el pago de dietas correspondientes al ejercicio fiscal del año 2025.
Por otra parte, en el Proceso Especial Sancionados PES/13/2025, el TEEO acreditó la violencia política en razón de género en contra de una regidora del municipio de Soledad Etla, atribuida al director de Seguridad Pública de ese Ayuntamiento.
El funcionario hizo uso de expresiones y conductas basadas en estereotipos de género que tuvieron como efecto menoscabar su labor como concejal, lo que configura violencia política contra las mujeres en razón de género.
Como sanción, el TEEO ordenó la inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género, así como realizar las vinculaciones a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de la sentencia.
Mientras tanto, en el Juicio Ciudadano JDC/85/2025, el órgano jurisdiccional confirmó que el regidor de Seguridad del municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, recibió tratos discriminatorios por ser adulto mayor.
De acuerdo con el análisis del proyecto, el presidente municipal lo ha exhibido ante la población al señalar que no puede desempeñar el cargo debido a su edad, lo que cobra relevancia en un contexto de violencia y afectación a su derecho político-electoral de ejercer el cargo como regidor de seguridad, así como de actos de discriminación hacia el actor por ser adulto mayor.
El actor también reclamó la omisión del pago de las dietas, agravio que también fue fundado, porque la autoridad responsable no remitió ninguna constancia con la que acreditara el pago correspondiente.
