Por Redacción NOTICIAS
En una sesión extraordinaria, el Congreso de Oaxaca aprobó —con 39 votos a favor— la nueva Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, una norma que busca armonizar al estado con el modelo nacional y dar orden a las políticas públicas que deben prevenir, investigar y sancionar irregularidades en el servicio público. La propuesta fue enviada por el gobernador Salomón Jara y forma parte del rediseño institucional que su administración ha impulsado en materia de transparencia y fiscalización.
La aprobación abre paso a un esquema más amplio de coordinación entre dependencias, organismos de control y ciudadanía. La presidenta de la Comisión de Vigilancia, Vanessa Rubí Ojeda, señaló que el nuevo marco legal pretende cerrar espacios a la opacidad y responder a una demanda histórica: frenar prácticas corruptas que, dijo, han frenado el desarrollo de Oaxaca por décadas. Su compañera de comisión, la diputada Lizbeth Anaid Concha, destacó que el sistema integra a instancias clave como la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa, pero subrayó que el eje central será la participación ciudadana.
La ley contempla también la creación de la Secretaría Ejecutiva Anticorrupción, un organismo descentralizado encargado de operar el sistema, generar políticas públicas, fiscalizar recursos y articular plataformas digitales para el intercambio de información. Además, incorpora figuras como el Comité de Participación Ciudadana, los sistemas municipales —incluyendo a comunidades indígenas y afromexicanas— y un Comité Coordinador que definirá la ruta de acción.
Con la entrada en vigor de esta legislación, el Congreso tendrá que instalar una comisión de selección integrada por ciudadanos y emitir convocatorias para instituciones académicas y organizaciones civiles especializadas en transparencia y rendición de cuentas. El reto, advierten legisladores, será garantizar que los procesos se conduzcan con reglas claras y otorguen confianza a la población en un estado donde la corrupción sigue siendo uno de los reclamos principales.
