Alrededor de 150 representantes de organizaciones, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas de 18 estados del país que integran la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) se reunieron en San Antonino Castillo Velasco para establecer nuevas estrategias que fortalezcan la plena vigencia y el reconocimiento legal de sus derechos.
La reunión se desarrolló en esa comunidad zapoteca por ser donde inició el proceso de defensa del agua de las comunidades de Valles Centrales que culminó recientemente con el decreto que reconoce su derecho a decidir cómo cuidar y utilizar su agua para uso agrícola,
“El derecho humano a la libre determinación no es una concesión, nadie nos da permiso para ejercerla, ya la estamos ejerciendo. Día a día la vivimos y la construimos. Sin embargo, también día a día nos enfrentamos a actores que la obstaculizan, la amenazan, nos criminalizan o no la reconocen. Entre esos actores se encuentran lo mismo distintos niveles de gobierno que actores privados, entre otros”, señalaron los participantes.
Por eso, exigieron el reconocimiento pleno en la constitución de su autonomía y su derecho a decidir en sus territorios, especialmente por la falta de interés del gobierno federal en impulsar la reforma constitucional sobre los derechos indígenas y afromexicanos.
“Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron.
Además, reclamaron que el Congreso del Estado de Oaxaca apruebe la iniciativa de reforma a la Constitución local para garantizar el derecho pleno a la libre determinación y autonomía.
Además, demandaron al Congreso del Estado de Guerrero respetar las asambleas comunitarias, los sistemas de justicia comunitarios, el derecho sobre sus territorios, el reconocimiento de los municipios y distritos indígenas y afromexicanos y las lenguas maternas, entre otras cosas, en la reforma indígena y afromexicana.
En general, requirieron el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la garantía efectiva del derecho a la libre determinación y a la autonomía, el reconocimiento y garantía efectiva de los sistemas normativos y de seguridad propia de los pueblos y el reconocimiento, garantía y protección efectiva del derecho pleno a las tierras y territorios indígenas y afromexicanos.
Además, el pleno respeto y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afromexicanos y comunidades indígenas, garantizar la participación de los pueblos y comunidades en todos los niveles de toma de decisión del estado, establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos, en condiciones de respeto e igualdad y la participación plena de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones y el ejercicio efectivo de todos los derechos, así como respeto y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
“Para garantizar estos derechos, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos necesitamos un marco normativo que nos garantice el ejercicio de los derechos colectivos, con el que podamos decidir el rumbo de nuestras comunidades, defender nuestra vida, nuestro territorio y nuestras culturas sin ser criminalizados”, asentaron.
