A pesar de que la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) fue la institución que más gastó en compras públicas, con un monto de 4 mil 989 millones de pesos, la dependencia estableció enlaces falsos o variables poco útiles para el análisis de riesgos de corrupción o el monitoreo de recursos en su plataforma digital.
De acuerdo al estudio “Compras públicas estatales ¿Dónde quedaron los datos? Jalisco, Ciudad de México, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Sinaloa”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con los datos disponibles, la Cevi fue la institución que más gastó en compras públicas en la entidad.
Destaca que en las compras públicas de Oaxaca algunos enlaces que deberían dirigir directamente al documento del contrato son genéricos o falsos.
Por ejemplo, en 29 procesos se añade el enlace “http://El sujeto obligado no cuenta con los conocimientos necesarios para la versión pública y así no violentar la Ley de Protección de Datos Personales.”
En 2021, 52 instituciones públicas de Oaxaca (55 por ciento de los sujetos obligados) reportaron 2 mil 41 registros de procesos de compra pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los cuales representaron un gasto total de 10 mil 37 millones de pesos.
SinfraLas instituciones públicas de Oaxaca destinaron, como mínimo, 588 millones 600 mil pesos a proveedores riesgosos (6 por ciento del monto total de compras), 538 millones de pesos se asignaron a una empresa sancionada, 48 millones a empresas de reciente creación, y 1.9 millones a una empresa fantasma.
La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) firmó un contrato con una empresa de arquitectura que se encuentra en la lista de empresas fantasma o con operaciones simuladas.
En la justificación del contrato, el sujeto obligado afirma que la selección de esta empresa se sustentó en que fue la propuesta que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados, además de ser la más baja en costos.
Destaca que Oaxaca es uno de los cinco estados con menor nivel de publicación y accesibilidad a los documentos de los concursos (junto con Hidalgo, Tamaulipas, Guanajuato, y Guerrero), ya que solo 21 por ciento de los procesos de compra cuentan con un enlace accesible a la convocatoria, el acta de apertura, el acta de la junta de aclaraciones, el contrato y el fallo de adjudicación.
Además, el diseño de la plataforma no favorece la captura fácil y correcta de la información. Dado que es obligatorio llenar todos los campos de las compras públicas, aunque estos no apliquen o carezcan de información, las bases de datos presentan enlaces falsos o variables poco útiles para el análisis de riesgos de corrupción o el monitoreo de recursos.
