El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) se niega a desaparecer y, por ello, aprobó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas realizadas por la 64 Legislatura del Congreso, que entre otras cosas contempla su desaparición y la creación de un nuevo organismo.
El decreto que contempla la desaparición del IAIP fue aprobado por el Congreso estatal el pasado 14 de abril; posteriormente, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado Extra el 1º de junio de 2021.
Ante dicha situación, los comisionados del IAIP por unanimidad aprobaron el acuerdo número ACDO/CG/IAIP/053/2021 para que la comisionada presidenta, María Antonieta Velásquez Chagoya interponga una controversia constitucional contra el decreto por el que se reforma el Artículo 114, Apartado C, Párrafos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo y las fracciones IV, V y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
La comisionada presidenta subrayó la trascendencia del ejercicio que llevará a examen de constitucionalidad ante el máximo tribunal del país, "si es como consideramos, existen en el caso de la ley referida, elementos que puedan venir a traicionar la interpretación suficiente y plena del aislamiento del Sistema Nacional de Transparencia a partir de la autonomía y derecho de la permanencia de las instituciones creadas conforme a los procedimientos establecidos en el Artículo Sexto de nuestra Constitución".
En sesión plenaria, el comisionado Fernando Gómez Cuevas celebró la aprobación de este acuerdo por el que la comisionada presidenta interpondrá a nombre del instituto, controversia constitucional contra del decreto mencionado.
Señaló que la interposición de esta controversia constitucional ante el máximo tribunal del país se une a una serie de acciones legales a favor de la defensa del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.
"Esperamos que los órganos jurisdiccionales resuelvan a favor de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, a favor de la autonomía constitucional, y a favor de la legalidad en los procesos democráticos".
