La diputada Lizzet Arroyo Rodríguez presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la entidad, a fin de que sean sujetos de programas para el acceso a una vivienda digna y tener acceso a una casa hogar o albergue si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.
Además de que accedan a la denuncia popular, que incluye que toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, denuncien ante los órganos competentes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la ley o que contravenga sus disposiciones o demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.
La iniciativa destaca que desafortunadamente aun encontramos desigualdades, marginación, pobreza, discriminación, indiferencia y sobre todo una falta de sensibilización sobre el respeto y protección ante este sector tan valioso de la sociedad.
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró 15.1 millones de personas adultas de más de 60 años de edad; asimismo, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que para el año 2050, la población adulta mayor en nuestro país será de 33.8 millones de personas.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan.
El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan.
