La Segunda Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social se declaró en sesión permanente y como un espacio de unidad colectiva de los pueblos de Oaxaca en defensa de la vida, la tierra, el territorio y la esperanza como ejes irrenunciables de sus luchas, así como recuperar la memoria histórica de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Al dar a conocer un pronunciamiento, frente al Palacio de Gobierno, la vocería de representantes de organizaciones sociales, sindicales, colectivos, defensores comunitarios y académicos, así como autoridades agrarias y municipales, dio a conocer que los participantes determinaron la rearticulación para construir la unidad estratégica fortaleciendo mecanismos asamblearios en la toma de decisiones y reafirmaron la importancia de la formación política para fortalecer sus luchas en la defensa territorial frente a los megaproyectos, así como construir autonomía y autodeterminación como acción cotidiana y garantizar la participación real y horizontal de mujeres, juventudes y diversidades sexogenéricas respaldando sus luchas.
Además, expuso que fue delineado un plan de acción con diversas actividades, entre ellas, la recuperación de la memoria histórica del movimiento social y la conmemoración de los 20 años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como seguir fortaleciendo sus alianzas y vínculos a nivel comunitario, regional, estatal, nacional e internacional con otras luchas y resistencias que coincidan en hacer frente a esta crisis global.
La vocería también demandó la liberación inmediata del defensor de los bosques, Pablo López Alavez, a 15 años de su detención arbitraria, el esclarecimiento del asesinato del defensor Catarino Torres Pereda, la protección y reparación del daño de las víctimas de extorsión y tentativa de homicidio de la agencia municipal Palo Grande, Miahuatlán de Porfirio Díaz por la Policía Municipal; y la destitución inmediata de su comisario, así como justicia para el dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), Tomas Martínez Pinacho y el cese inmediato de la criminalización y judicialización contra personas defensoras del territorio, entre otras exigencias.
