Oaxaca registra un nivel muy alto de impunidad y una cifra negra de 93.3 por ciento, de acuerdo al Índice Global de Impunidad México 2016, elaborado por la Universidad de las Américas, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, y el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia.
El estudio precisa que en la cadena impune la etapa de averiguación previa de los delitos tiene un comportamiento coincidente con la media nacional. Sin embargo, se presenta una disminución bastante significativa entre las causas penales y los indicadores de sentencias. Mientras que en las cifras nacionales la cantidad de causas penales que terminan en sentencia suelen presentar una disminución de casi la mitad (215 mil 638 causas penales sobre 100 mil 938 sentencias), en Oaxaca esta relación se reduce considerablemente, pues sólo el 15 por ciento de las causas penales reciben sentencia y el 10 por ciento una condena en contra del 47 por ciento y 35 por ciento nacionales, respectivamente
Subraya que en Oaxaca hay mucho personal en la estructura dedicada a la seguridad y la procuración de justicia, pero esto da pocos resultados, puesto que hay pocas personas encarceladas con sentencia definida.
El porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios es de 19 por ciento, cifra que significa un tercio de los resultados de acuerdo al promedio nacional, que se ubica en 59 por ciento. Esto quiere decir que en el país hay cerca del 40 por ciento de encarcelados sin sentencia, mientras que en Oaxaca casi el 80 por ciento de las personas encarceladas aún espera la resolución de su juicio.
Impunidad y pobreza
Además manifiesta que la impunidad se agrava significativamente cuando existen entidades que combinan altos niveles de impunidad con bajos niveles en indicadores sociales, tal como sucede en los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca, los cuales tienen niveles superiores a la media nacional en impunidad y porcentaje de pobreza multidimensional.
Apunta que el fenómeno de la desigualdad tiene implicaciones sobre el nivel de bienestar de las personas y sus efectos se transmiten de generación en generación, por lo tanto, entidades como Guerrero, Tabasco y Oaxaca, en donde la incidencia de la impunidad se potencia con la desigualdad, demandan especial atención en el diseño e implementación de la política pública.
“Al igual que en los indicadores mencionados anteriormente, Guerrero y Oaxaca destacan por sus bajos niveles de educación y de desarrollo humano, así como por su alto nivel de impunidad. Entidades como Distrito Federal y Sonora muestran condiciones más favorables en ambos indicadores”.
Establece que la combinación de elementos que ponen en detrimento el bienestar de la personas, requiere el diseño de políticas integrales de transformación institucional, así como de evaluación y monitoreo del gasto público. En el tránsito hacia una política pública basada en resultados y evidencia científica, es indispensable la generación de indicadores que se adecúen a la realidad local, y que estén conceptualizados de tal forma que permitan medir apropiadamente el impacto del gasto sobre los objetivos planteados en los planes de desarrollo estatal y nacional.
“Es claro que este objetivo no depende únicamente de un incremento presupuestal, sino de una trasformación institucional que incremente la productividad, eficiencia y eficacia del sistema de justicia penal, con la meta ulterior de que el Estado es quien debe garantizar seguridad a sus pobladores y tal como lo establece la Constitución, el pleno ejercicio de sus derechos humanos”.
