La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, así como la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, requirieron a 11 empresas constructoras que cumplan las obras de rehabilitación o construcción de aulas en escuelas afectadas por los sismos de 2017, para evitar procedimientos administrativos o penales por incumplimiento de contratos.
Estos procesos se suman a las 15 carpetas de investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción en contra de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (Iocifed) y empresas constructoras por presuntas anomalías en obras de reconstrucción de escuelas.
Además, la Contraloría estatal inhabilitó a cinco trabajadores del Archivo Central del Registro Civil por una denuncia ciudadana en redes sociales en la que se acusaba a servidores públicos de actos de corrupción.
El secretario de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, señaló que las constructoras fueron contratadas por Iocifed y 4 de ellas ya avanzaron en los trabajos asignados, “pero 4 no, por lo que podríamos presentar denuncias en estos días”.
Aseveró que aunque en algunos casos ya se está avanzando, las empresas recibieron sanciones administrativas porque no cumplieron en tiempo y forma con las obras.
Comentó que las empresas ya tenían obra contratada, pero cuando sucedieron los sismos también solicitaron asignaciones en los trabajos de reconstrucción, a pesar de que arrastraban adeudos desde el sexenio anterior, por lo que no pudieron cumplir con sus compromisos contractuales y son sujetos de responsabilidades administrativas o penales por incumplimiento.
En el caso del Archivo Central del Registro Civil, fueron inhabilitados, un mes, el administrador general del mismo, el oficial del Registro Civil y 3 trabajadores de base.
Díaz Navarro dijo que el proceso para sancionar a los trabajadores fue lento porque para establecer la sanción se debió cumplir con el debido proceso. “De lo contrario se corría el riesgo de impugnación”.
Expresó que en cuanto el video se hizo público en redes sociales, contactaron a la persona que presentaba la denuncia.
En el caso de las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, están en proceso de recopilación de los elementos de prueba como contratos, asignaciones de recursos y otros documentos que permitan establecer la responsabilidad de las empresas.
