Octavio Vélez Ascencio
La armonización del marco constitucional, legal e institucional con la reforma sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en relación con los importantes avances que se han dado en el derecho internacional, resulta necesaria e indispensable, aseveró el director general del INPI, Adelfo Regino Montes.
El funcionario sostuvo que la ausencia de esta armonización ha traído como lamentable la inobservancia los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho internacional, tanto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como lo demandan las circunstancias y sus realidades cotidianas.
Expuso que en la actualidad, si bien el artículo dos de la Constitución Política federal reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en el último párrafo del apartado A solamente se les da el carácter de entidades de interés público.
Por eso, explicó que el reconocimiento como sujetos de derecho público significa contar con instrumentos de exigibilidad, así como buscar las soluciones en la capacidad de gobierno y organización de los propios pueblos indígenas y afromexicano.
Además, observó que la falta de armonización de los derechos de los pueblos en el marco constitucional y legal, se agrava en lo relacionado con las cuestiones de carácter institucional, porque las diversas instancias del Estado mexicano no han implementado las políticas públicas para una atención adecuada de sus aspiraciones y necesidades, desde su perspectiva como sujetos de derecho.
Ante esto, resaltó que existe en nuestro país el imperativo de realizar el proceso de armonización referido en el contexto de las instituciones del Estado mexicano, para poder brindar una atención adecuada a los pueblos indígenas, con pleno respecto a sus derechos y en un marco de coordinación, donde se permita su participación plena y efectiva.
Aparte de esto, destacó que una parte fundamental de la reforma constitucional debe ser el reconocimiento del derecho de libre determinación y la autonomía, en particular con el establecimiento de los mecanismos constitucionales para su ejercicio efectivo.
