El diputado de Morena Pablo Díaz Jiménez presentó una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para “flexibilizar” los requisitos establecidos para ser titular de la Fiscalía Anticorrupción, como, por ejemplo, tener por lo menos 30 años cumplidos el día de la designación, cuando la legislación vigente establece 35 años de edad; y, 5 años con título profesional de licenciatura en Derecho, cuando hoy se exigen 10 años de experiencia.
Además, la iniciativa establece que los aspirantes al cargo no deben haber sido condenados por delitos dolosos, ni por delitos cometidos en razón de género, por violencia intrafamiliar, por delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial a menos que acredite estar al corriente del pago, cancele en su totalidad la deuda o bien, tramite el descuento salarial pertinente ante las instancias que así correspondan, en términos de los dispuesto en la ley de la materia.
Díaz Jiménez argumenta que para el Poder Ejecutivo actual la juventud es una parte de la población que merece especial atención, apoyo, confianza y que necesitan oportunidades para materializar proyectos que pudieran llegar a impactar en el desarrollo de la sociedad.
“Que la prospectiva del gobierno de la Cuarta Transformación proyecta una visión de futuro aprovechando el impulso que se ha creado durante las contingencias como una oportunidad histórica para la renovación”.
Agrega que “es necesario impulsar la constante y la activa participación de las nuevas generaciones en el ejercicio de la administración pública y en relación con los fenómenos delictivos que se combate a través de la profesión, es una tarea de suma urgencia: son ellos los potenciales operadores de las instituciones jurídicas, los encargados de la aplicación de las normas, quienes conscientemente deben conocer los retos a los que se enfrentarán y las herramientas jurídicas para superarlos”.
Afirma que en la actualidad existen profesionistas jóvenes altamente capacitados que, a pesar de contar con la experiencia y el conocimiento necesarios para desempeñar esta función, se ven excluidos por no cumplir con este requisito de la edad”.
“Reducir el requisito de edad mínima a 30 años permitirá incorporar una visión fresca y dinámica en el combate a la corrupción, potenciando la innovación y el uso de nuevas tecnologías. Además, se abre la puerta a un mayor número de profesionales, fomentando la competencia y garantizando que los mejores candidatos puedan aspirar a esta posición, independientemente de su edad”.
