Desde la perspectiva de la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Oaxaca (AECO), Esther Merino Badiola, el proceso electoral del 1 de junio —en el que por primera vez la ciudadanía eligió a jueces, juezas, ministras y magistrados— estuvo marcado por la confusión, la escasa participación y la falta de legitimidad.
“Las casillas estuvieron vacías. La gente no sabía quiénes eran los candidatos. No hubo claridad entre el Poder Judicial federal y el estatal, y además muchos de los perfiles no eran conocidos públicamente. La mayoría no eran personas visibles, eran jueces que trabajan tras un escritorio”, apuntó.
Merino, quien es abogada de profesión, señaló que incluso entre juristas hubo dificultad para identificar a todos los contendientes, muchos de los cuales no provenían del ámbito judicial o, por el contrario, cargaban con antecedentes cuestionables. Esta falta de información, dijo, contribuyó al abstencionismo que se reportó en diversas regiones del país.
Cuestionó además el origen de la reforma que abrió la puerta a la elección por voto popular del Poder Judicial, al considerar que no fue un proceso legítimo desde su raíz:
“Para modificar la Constitución se necesita mayoría calificada, pero se lograron los votos a través de negociaciones políticas, nombramientos a modo y promesas de impunidad. No fue una reforma lícita”.
Para Merino Badiola, lo ocurrido el 1 de junio dista de un ejercicio democrático genuino. A su juicio, el proceso no contó con las condiciones necesarias para una elección informada y libre, ya que —asegura— hubo intromisión de actores políticos para orientar la decisión del electorado, particularmente de personas mayores que necesitaron asistencia para emitir su voto.
Pese a los cuestionamientos que existen hacia el sistema judicial en México, la presidenta de la AECO destacó que se trata de un poder que, al menos en la forma, mantenía cierta autonomía frente a los otros poderes del Estado.
“El Judicial no debía estar supeditado al Ejecutivo o al Legislativo. El problema no era tanto el sistema judicial, sino la falta de recursos y de voluntad política para garantizar su funcionamiento”.
Comparó el deterioro institucional con lo que ocurre en el sector salud:
“Puedes tener a los mejores médicos, pero si no hay medicamentos ni tecnología, no puedes salvar vidas. Lo mismo pasa en el sistema judicial. Hay jueces preparados, con años de trayectoria, pero sin las herramientas para impartir justicia eficazmente”.
Aunque se ha señalado insistentemente la corrupción al interior del Poder Judicial, Merino apuntó que hasta ahora no hay acciones claras contra quienes supuestamente vendieron plazas o incurrieron en actos ilícitos:
“Se habla de corrupción, pero no vemos detenidos ni carpetas de investigación. El que acusa está obligado a probar, y eso no ha ocurrido”.
Finalmente, tEsher Merino Badiola enfatizó que el verdadero problema radica en la falta de voluntad política para transformar estructuralmente al país.
“Podemos tener muchas leyes, pero si no hay condiciones para aplicarlas y un Estado que garantice seguridad y derechos, todo se queda en el papel. Lo que necesitamos es reformar las leyes injustas, como la del ISSSTE, y exigir que las instituciones funcionen para el pueblo, no para los intereses del poder”.
