Ana Lilia Pacheco
Durante la Cumbre Mundial de Discapacidad, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado para que haya igualdad en el acceso a la salud para Personas Con Discapacidad (PCD).
En Oaxaca de Juárez, de las 13 mil 819 personas con discapacidad, 30% no se encuentra inscrita a alguna institución de servicios de salud, por lo que no pueden recibir tratamiento médico, terapias o educación.
El documento Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible, afirma que este sector de la población, que en un 80% habita en países de ingresos bajos y medios, se ha enfrentado a distintas barreras desde antes de la pandemia por la COVID-19.
“Barreras físicas que impiden el acceso a las instalaciones públicas y sociales y a las intervenciones específicas, barreras informativas que dificultan los conocimientos económicos y sanitarios e impiden el acceso a la información, y barreras actitudinales que dan lugar a la discriminación”, cita el documento.
Según datos de la OMS, las personas con discapacidad tienen tres veces más riesgo de que se les niegue atención sanitaria, cuatro veces más de recibir un trato inadecuado en el sistema de salud y dos veces más de padecer gastos catastróficos.
Las personas con discapacidad buscan con mayor frecuencia atención en salud y tienen menor acceso a los servicios de atención médica, por lo que tienen más necesidades sanitarias no satisfechas.
Desde el comienzo de la pandemia por la COVID-19, las personas con discapacidad que se han inscrito a programas de apoyo de las dependencias han tenido que adaptarse a las medidas sanitarias y en algunos casos suspendiendo sus terapias.
En el caso del DIF Municipal de Oaxaca de Juárez, desde el comiendo de la pandemia se cerró la Unidad Básica de Rehabilitación a la que asisten personas con alguna discapacidad motriz temporal.
La OMS recomienda “construir un sector sanitario que incluya la discapacidad y que facilite el acceso universal de las personas con discapacidad a los servicios sanitarios y que todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales, el sector privado y otros socios, deben colaborar en la adopción de un enfoque inclusivo de la discapacidad”.
