Octavio Vélez Ascencio
Ante las violaciones a los derechos humanos, tortura y tratos crueles, inhumados y degradantes registrados en centros de rehabilitación de adicciones de la entidad, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla demandó al Estado hacer justiciable el andamiaje jurídico que regula el funcionamiento de estos establecimientos.
“Es algo impostergable”, afirmó.
El ombudsperson sostuvo que ese organismo autónomo ha iniciado ocho expedientes relacionados con violaciones a derechos humanos registradas en espacios particulares destinados a procesos de rehabilitación de adicciones durante los últimos dos años.
Aunque, expuso que no existe una estadística más global sobre la ocurrencia de estos actos, debido al estigma existente alrededor de las personas quienes tienen algún tipo de adicción.
“Esta estigmatización provoca la normalización de tratos crueles, inhumanos o degradantes”, aseveró.
De este modo, explicó que la estigmatización existente alrededor de una persona con adicciones, provoca su reclusión en sitios donde en muchas ocasiones, se recurren a actos violatorios de su libertad, dignidad y en casos extremos, su derecho a la vida.
Detalló que el “Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, dispone como privación de la libertad cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual una persona no pueda salir libremente.
Además, precisó que establece como tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, así como la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.
Regulación de los establecimientos
Subrayó que si bien hasta ahora, las medidas adoptadas para luchar contra la tortura se han centrado casi exclusivamente en los Estados como posibles perpetradores, también es fundamental considerar otros agentes no estatales participantes cada vez más en conductas negativas a los derechos humanos.
De esta manera, resaltó que también se debe prever la protección contra las vulneraciones por parte de agentes no estatales, para hacer realidad la prohibición absoluta e irrevocable de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Rodríguez Alamilla dijo que aun cuando en Oaxaca ya existe una ley donde se establece el marco jurídico sobre los centros de rehabilitación, resulta primordial la regulación del funcionamiento de estos establecimientos, para garantizar el respeto pleno a los derechos humanos de los usuarios.
