Las instituciones del Estado mexicano necesitan estar a la altura de las actuales circunstancias para revertir la reforma del artículo 27 de la Constitución Política federal de 1992, porque su propósito fundamental fue la desaparición del ejido y de la comunidad, aseguró el director general del Instituto Nacional de los Pueblos (INPI), Adelfo Regino Montes.
“Esa fue la punta de lanza de las políticas neoliberales”, afirmó.
Por eso, el funcionario llamó a los campesinos del país a construir una profunda reforma a esa disposición constitucional para rescatar su espíritu original y defender la comunidad y el ejido.
“Es necesario que estos sujetos colectivos sean pilares de la transformación nacional y de manera especial, reconocer los derechos territoriales de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas”, aseveró.
De esta manera, expuso que las instituciones del Estado mexicano necesitan estar a la altura de las actuales circunstancias, para cumplir con el mandamiento supremo de servir al pueblo y de atender las causas y las expresiones legítimas de las comunidades y ejidos.
“Aunado a las iniciativas de reformas constitucionales y legales que se están planteando, es importante la reforma a las instituciones del Estado mexicano”, anotó.
Frente a esto, resaltó que en la actual coyuntura vivida en el país resulta muy importante respaldar las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente, los planes de justicia aplicados a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Los resultados están a la vista, como la recuperación y la restitución de 32 mil hectáreas de tierras en favor del pueblo yaqui”, asentó.
Destacó que el artículo 27 de la Constitución Política federal fue reformado por las política neoliberales, porque supuestamente ya no había tierra para dotar, ni para restituir alguna superficie a la comunidad y al ejido.
“Hoy con la iniciativa del presidente López Obrador, se están creando las condiciones para que se puedan restituir tierras y territorios a nuestros pueblos”, señaló.
Subrayó que el presidente López Obrador también ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley Minera y a otras legislaciones secundarias en la materia, para revertir a una de las políticas y normas más nocivas expedidas en los gobiernos neoliberales.
“Ha significado el despojo de tierras y territorios, en perjuicio de nuestros pueblos, provocando graves afectaciones al medio ambiente y graves problemas sociales en las diversas regiones indígenas de México”, anotó.
Regino Montes dijo la reforma a la Ley Minera contempla fundamentalmente el derecho a la consulta libre, previa e informada, antes de la emisión de una concesión o permiso para el desarrollo de esta actividad.
