La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la Recomendación 03/2026 al Ayuntamiento de San Felipe Jalapa de Díaz, tras confirmar violaciones graves a los derechos humanos de una persona que perdió la vida mientras se encontraba bajo custodia municipal.
De acuerdo con la investigación de la DDHPO, la víctima fue detenida por elementos de la Policía Municipal a solicitud de su propia hija, quien pidió apoyo porque su padre había consumido alcohol y, por ello, solicitó que fuera asegurado por unas horas. Sin embargo, las autoridades carecían de un Bando de Policía y Buen Gobierno vigente y de un reglamento municipal que respaldara legalmente la detención, lo que configuró una privación de la libertad arbitraria y sin sustento legal.
La Defensoría identificó múltiples irregularidades durante la detención: la persona no fue registrada en el Sistema Nacional de Detenciones, tampoco fue presentada ante el Juez Municipal o el Síndico Procurador, y permaneció en los separos sin supervisión adecuada. Además, no recibió asistencia legal ni valoración médica oportuna; careció de acceso a agua potable y alimentación, y permaneció en condiciones de alto riesgo sin vigilancia reforzada.
“Cuando una persona se encuentra bajo custodia, el Estado asume obligaciones especiales de prevención, supervisión y protección. En este caso, esas obligaciones fueron omitidas, con consecuencias fatales”, indicó la DDHPO en un comunicado.
La recomendación insta al Ayuntamiento a garantizar la reparación integral a las víctimas indirectas, incluyendo la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y el acceso a atención psicológica y tanatológica gratuita. Asimismo, pide implementar medidas estructurales para evitar que hechos similares se repitan: reglamentar las detenciones, emitir credenciales de acceso al Registro Nacional de Detenciones, garantizar alimentación y agua a las personas detenidas, y capacitar al personal del Juzgado Municipal y de la Policía en derechos humanos y legalidad.
La DDHPO subraya que la muerte de la persona bajo custodia evidencia omisiones graves que vulneran los estándares mínimos de trato digno y debido proceso, lo que convierte a este caso en un llamado urgente a la rendición de cuentas en San Felipe Jalapa de Díaz.
