Impedir el acceso para la búsqueda en campo o trabas para la colocación de fichas de personas desaparecidas se han convertido en prácticas comunes en los municipios de Oaxaca.
La obstaculización no sólo ha sido sobre familiares de las víctimas y colectivos de madres buscadoras, también se han presentado contra instituciones como la Comisión de Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca.
“Hemos tenido que sentarnos muchas veces con las autoridades municipales con la finalidad de ingresar y que nos faciliten los medios para poder hacerlo. Entrar a una comunidad es difícil, pero lo es más cuando ya estamos en campo porque se coloca en una situación de riesgo al personal”, señaló Michel Julián López, Titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.
Esta situación -dijo- no solo se da en municipios alejados o de usos y costumbres, también ocurre en los conurbados en donde no se les permite hacer difusión de cédulas de búsqueda bajo argumento de contaminación visual.
“Hay otros municipios en donde no nos permiten realizar entrevistas, nos agreden verbalmente al momento de que estamos obteniendo la información de alguna persona. Hace falta que tengamos más conciencia por parte de las autoridades municipales, que la ciudadanía se involucre más porque todas y todos estamos expuestos a este delito de desaparición de personas”, expuso.
Recientemente la diputada local Irma Pineda Santiago, presentó una iniciativa de reforma a la ley Orgánica Municipal para establecer la obligatoriedad de los municipios de coadyuvar en los procesos de búsqueda y que no los obstaculicen.
TE PÚEDE INTERESAR: Adolescentes, la mayoría de desaparecidos en Oaxaca
Citó como ejemplo la actuación de las policías municipales quienes en muchos casos son quienes retiran las cédulas de búsqueda.
“Sabemos que los minutos son vitales para encontrar a una persona con vida. Cuando hay reportes de que los vieron en algún espacio, la comisión de búsqueda llega y no les permiten entrar, ese tiempo cuenta para la vida de alguien”.
Las estadísticas de la Comisión detallan que la mayoría de las personas desaparecidas corresponde a un grupo etario de 18 a 59 años.
Entre el grupo de 14 a 17 años en muchos de los casos el contexto de la desaparición no obedece a la comisión de un delito sino a problemas familiares que requiere la implementación de políticas públicas para evitar este tipo de situaciones.
El protocolo homologado marca que se debe emitir una cédula de búsqueda con la fotografía, datos y características de la persona desaparecida. La cedula se difunde en redes sociales, así como en las instituciones, acción denominada búsqueda de gabinete.
