En papel, los matrimonios infantiles o forzados están prohibidos, en la práctica, siguen siendo una constante en Oaxaca, así lo demuestra el reciente caso denunciado en Bajos de Chila, en donde la víctima fue una niña de 16 años.
Alma Bautista Ramos, Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA), señaló que por este caso la Fiscalía de Oaxaca inició una investigación por cohabitación forzada, que se sanciona hasta con 15 años de prisión, establecido así en el Código Penal desde el 8 de febrero de 2024.
La funcionaria destacó que fue la mamá de la niña quien hizo del conocimiento a las autoridades de este delito a través de las redes sociales. La ciudadanía que vio el video lo canalizó con las instancias responsables, de esta manera se logró contactar de manera directa a la madre para dar inicio con la denuncia en la fiscalía.
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“Lo que sigue es una investigación y en ésta se da acompañamiento a la mamá, se le da vista a la comisión de víctimas para que en su caso cuente con una persona asesora jurídica independientemente de, si fue por consentimiento de la menor de edad, ya que sería un consentimiento viciado porque todas las personas menores van a tener una desventaja frente a una persona mayor de edad”, destacó.
Más adelante se determinará si se judicializa la carpeta y cuáles las medidas y sanciones que se van a imponer.
Exige GESMujer erradicar las uniones infantiles
Por su parte el Grupo de Estudios Sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer) indicó que si bien reconocemos la actuación de las autoridades, los resultados son insuficientes.
“Este problema estructural exige acciones coordinadas entre gobiernos, comunidades, sociedad civil y medios de comunicación para prevenir matrimonios infantiles, evitar la revictimización y garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescencias”, señaló en un posicionamiento en donde señala que con éste suman tres casos de matrimonios infantiles en lo que va del año.
La organización feminista cuestionó sobre las acciones gubernamentales implementadas para que no haya un caso más y destacó que no bastan posturas políticas. “Es urgente implementar programas, planes y acciones reales que aseguren infancias dignas, libres y autónomas. Basta de naturalizar los matrimonios infantiles y uniones tempranas. Hoy alzamos la voz por una niñez libre de violencias”, indicaron.
Detalles del caso
Investigación y cargos: La Fiscalía de Oaxaca ha iniciado una investigación por cohabitación forzada, un delito sancionado con hasta 15 años de prisión según el Código Penal del estado desde el 8 de febrero de 2024.
- Acción de la madre y la ciudadanía: La denuncia inicial provino de la madre de la víctima, quien utilizó las redes sociales para alertar a las autoridades. La ciudadanía, al ver el video, lo canalizó a las instancias responsables, lo que permitió contactar a la madre directamente y formalizar la denuncia.
Acompañamiento a la víctima: Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA)
- Futuro del caso: Se espera que se judicialice la carpeta de investigación y se determinen las medidas y sanciones correspondientes.
“Lo que sigue es una investigación y en ésta se da acompañamiento a la mamá, se le da vista a la comisión de víctimas para que en su caso cuente con una persona asesora jurídica independientemente de, si fue por consentimiento de la menor de edad, ya que sería un consentimiento viciado".
Alma Bautista Ramos, Secretaria Ejecutiva del SE-SIPINNA
“Este problema estructural exige acciones coordinadas entre gobiernos, comunidades, sociedad civil y medios de comunicación para prevenir matrimonios infantiles, evitar la revictimización y garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescencias”.
Grupo de Estudios Sobre la Mujer
Para saber
El matrimonio infantil en Oaxaca es una problemática social grave, que a pesar de estar prohibida por ley, persiste en el estado, especialmente en las comunidades rurales e indígenas.
Datos y estadísticas
- Posición a nivel nacional: Un estudio del Centro de Estudios de la Mujer y Paridad de Género del Congreso de Oaxaca señala que la entidad es una de las tres con el mayor porcentaje de matrimonios infantiles en México. Un 39% de las mujeres oaxaqueñas se casaron antes de los 18 años.
- Prevalencia en comunidades rurales e indígenas: El problema se agrava en estas zonas. Un 30.9% de las mujeres en áreas rurales se casaron o unieron antes de los 18 años, cifra que asciende a 34.8% en mujeres hablantes de lenguas indígenas. En contraste, en las zonas urbanas el porcentaje baja a casi 19%.
- Contexto cultural y socioeconómico: La práctica está normalizada en muchas comunidades por motivos culturales, económicos o religiosos, a menudo regidas por usos y costumbres. La pobreza es un factor clave, llevando a las familias a casar o vender a sus hijas para obtener ingresos o reducir la carga económica.
Marco legal y acciones
- Prohibición legal: El matrimonio antes de los 18 años está prohibido en México. En Oaxaca, el Código Civil, en su artículo 147, establece que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años.
- Tipificación de la cohabitación forzada: En febrero de 2024, el Congreso de Oaxaca armonizó su Código Penal con el Federal para tipificar como delito la "cohabitación forzada", que sanciona a quienes obliguen a menores de edad a casarse o vivir en concubinato. La pena puede aumentar si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
- Casos recientes: En lo que va del año, se han registrado al menos tres casos de matrimonios infantiles. El caso más reciente, el de una niña de 16 años en Bajos de Chila, ha sido investigado por cohabitación forzada. Otro caso en San Juanito Yosocani, donde menores consumían alcohol en una boda, fue investigado por el DIF Oaxaca.
- Llamado a la acción: Organizaciones como GESMujer y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO) han reconocido las acciones de las autoridades, pero las consideran insuficientes. Exigen un cambio estructural que incluya programas, planes y acciones reales, así como una coordinación efectiva entre el gobierno, las comunidades y la sociedad civil para erradicar esta práctica.
