Por la inacción oficial y regulatoria de control, México paga el costo de 112 muertes diarias y más de 41 mil al año por causas relacionadas con el consumo de alcohol.
De acuerdo con un reporte de la Red de Acción sobre Alcohol (RASA), cada 24 horas, 112 personas en México mueren por causas asociadas al consumo de alcohol y los costos directos e indirectos provocados ascienden a 552 mil millones de pesos y los impuestos cubiertos por la industria representan menos del 10 por ciento de estos.
A pesar de esta tragedia, el país mantiene prácticamente sin cambios, desde hace más de una década, el marco fiscal y regulatorio de las bebidas alcohólicas, porque desde 2015, la regulación mexicana ha permanecido estancada, sin ningún cambio de fondo, mientras que el reglamento sobre publicidad de alcohol ha permanecido sin cambios desde su publicación en el año 2000.
La Norma Oficial Mexicana de etiquetado de bebidas alcohólicas, publicada en 2016, sigue vigente pese a que dichas normas deben actualizarse cada cinco años.
La publicidad de bebidas alcohólicas en México no debe entenderse únicamente como una actividad comercial, sino como un determinante comercial de la salud.
Este entorno comercial pesa de manera especial sobre los más jóvenes, porque según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el 17.8 por ciento de los adolescentes de 12 a 17 años consumió alcohol en el último año.
La Organización Mundial de la Salud identifica que aumentar el precio del alcohol mediante impuestos representa la intervención más costo-efectiva para reducir sus daños.
Es decir, no se propone un gravamen nuevo, sino reforzar el que ya existe y así transformar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de un esquema basado en el precio a uno basado en el contenido de alcohol puro.
Este esquema grava el daño, no la marca, no se erosiona con descuentos ni promociones y se actualiza automáticamente cada año al menos conforme a la inflación.
La evidencia nacional respalda la medida, pues un incremento del 10 por ciento en el precio reduce en más de 12 por ciento el consumo de cerveza.
Además, fortalecer el IEPS generaría más de 28 mil millones de pesos anuales adicionales que podrían etiquetarse al Servicio Universal de Salud, formalizado por decreto en 2026.
Actualmente, la ecuación es inequitativa ya que el costo social y económico del alcohol representa el 2.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), más de 552 mil millones de pesos al año, mientras la recaudación por IEPS apenas cubre una fracción de esa factura, ya que el resto lo paga la sociedad.
Ante esto, la discusión del Paquete Económico 2027 abre una ventana concreta para corregirlo, porque resulta prioridad fortalecer el impuesto especial para que el alcohol deje de ser tan asequible y destinar esa recaudación a la salud.
A ello se deben sumar, prohibir la publicidad, promoción y patrocinio, incluido el digital; incorporar etiquetados con advertencias sanitarias claras sobre los riesgos y establecer límites más estrictos a los días, horarios y lugares donde se venden estos productos.
