La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició un expediente de investigación por los hechos suscitados en los últimos días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

En un comunicado, el órgano autónomo informó que ha requerido a la autoridad penitenciaria implementar las acciones necesarias para garantizar los derechos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en particular, el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales.

Por eso, hizo un llamado a la autoridad penitenciaria a abrir el diálogo mediante la mediación y promover el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas, así como generar la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión, a partir de las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Subrayó que la DDHPO ha entablado comunicación con familiares de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social para conocer la problemática y así atender el tema de manera puntual.

El órgano autónomo dijo que se mantendrá atento y vigilante de la situación y desarrollará las acciones requeridas para evitar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de sus familias. 

Origen del conflicto

Este día familiares de personas privadas de su libertad en el Cereso se manifestaron afuera de las instalaciones para exigir la destitución del director Óscar Rodríguez de la Rosa.

Familiares de las personas recluidas refieren que han sido víctimas de amenazas, pues los internos se quejan que cuando los visitan autoridades del lugar les cobran dinero por todo.

Señaló: “Nos gastamos entre 300 y 500 pesos en cada visita a nuestro interno, y solo este gasto es entrando al penal, aparte el transporte para llegar hasta aquí”.

Por ello pidieron la intervención tanto de Derechos Humanos.

Los internos también se han quejado de que sus raciones de comida se han vuelto pequeñas, entre otras irregularidades.