Citlalli López Velázquez
9 de septiembre de 2021// “La verdad, no lo puedo evitar, extraño mi rostro”, expresa María Elena Ríos Ortiz atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca. A dos años del intento de feminicidio, con una persona prófuga y tres más sin sentencia, la joven saxofonista, sigue luchando por justicia.
“Esta es mi última foto impresa que me tomé antes de que mi rostro fuera destrozado cuando intentaron matarme con ácido. La verdad no lo puedo evitar, extraño mi rostro. Una app me ayudó a recordarme y el resultado me conmovió”, manifestó la saxofonista.
Las líneas escritas en su cuenta personal en Twitter, herramienta que ha vehiculado una especie de catarsis, activismo a favor de los derechos de las mujeres y voz en su exigencia de no impunidad, acompañan una imagen con movimiento del rostro de María Elena a sus 26 años de edad.
El 9 de septiembre de 2019, Rubicel H., detenido en diciembre de aquel año por intento de feminicidio, ingresó a la casa de María Elena Ríos con el pretexto de la realización de un trámite. Ahí lanzó al rostro y cuerpo de la saxofonista una sustancia corrosiva que en segundos dañó la piel de la joven. Afuera de la casa ya esperaba Ponciano H. padre de Rubicel -fallecido dentro del penal tras ser detenido- para emprender juntos la huida.
Tras el atentado, María Elena decidió alzar la voz, ser fuerte y buscar que, además de la sanción a sus agresores, estos hechos no volvieran a repetirse en otra mujer.
Su caso visibilizó la importancia de tipificar como delito los ataques con ácido, pues antes de ello eran considerados como lesiones que tardan en sanar.
Cabe recordar que en marzo de 2020, integrantes de la 64 Legislatura local reformaron el Código Penal de Oaxaca para sancionar con 30 años de prisión tanto a autores intelectuales como materiales de este delito.
Por último, en el caso de María Elena Ríos Ortiz, fueron señalados como autores intelectuales Juan Antonio V.C, Rubén R. y Juan Antonio V.H., éste último prófugo de la justicia y por el cual se ofreció una recompensa de 1 millón de pesos a quien aporte datos que permitan su localización y captura. Hasta el momento, ninguna de las personas privadas de su libertad han sido sentenciadas por estos hechos.
