Octavio Vélez Ascencio
Profesores de la Sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región de Valles Centrales, marcharon ayer en calles de esta ciudad, para exigir al gobierno estatal la entrega de los vales de uniformes escolares del programa “Vamos Juntos a la Escuela” a todos los alumnos que cursaron el ciclo escolar 2020-2021 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
En un mitin, el secretario de Prensa y Propaganda e integrante de la Comisión Política de la gremial, Wilbert Santiago Valdivieso reclamó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y a la Secretaría de Bienestar (Sebien) la entrega de los vales de los uniformes escolares a los estudiantes del ciclo escolar pasado, incluyendo a quienes cursaron el tercer grado de secundaria, pues los padres de familia firmaron las cédulas de requisitos desde hace más de ocho meses.
Expuso que las dependencias pretenden solamente entregar los vales de uniformes escolares a los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2021-2022 de estos tres niveles educativos.
De este modo, exigió que primeramente se culmine el proceso de entrega de vales de uniformes escolares a todos los alumnos del ciclo escolar pasado, después comenzar con el ciclo escolar actual.
Además, destacó que la entrega de los vales de uniformes escolares constituye una de las conquistas sociales alcanzadas por la Sección 22 del SNTE durante sus movilizaciones.
Ante esto, Santiago Valdivieso dijo que la Sección 22 del SNTE, en solidaridad con sus alumnos, no ingresará ninguna información en la plataforma web del programa “Juntos Vamos a la Escuela”, hasta la entrega de los calles de uniformes escolares a todos los alumnos inscritos en el ciclo escolar 2020-2021.
Denuncian amenazas de muerte
En conferencia de prensa, los profesores de la Sección 22 del SNTE, Carolina Santiago Cruz y Carlos Santiago Cruz, denunciaron que fueron despojados de un centro cultural y amenazados de muerte por el agente municipal de Montoya, Antonio Saúl Vásquez Arellanes y miembros de su Cabildo.
Explicaron que suscribieron un contrato de arrendamiento de cuatro mil pesos mensuales con la autoridad municipal para el uso de un espacio contiguo a la sede de la agencia municipal el 1 de octubre de 2019.
Sin embargo, subrayaron que la autoridad municipal desconoció el contrato de arrendamiento y se apoderaron del centro cultural, donde establecieron otros servicios.
“Nos despojaron, nos robaron y nos destruyeron nuestros implementos”, asentaron.
Dijeron que la autoridad municipal los amenazó de muerte por estar apoyado por un dirigente del PRI y relacionado con la operación de las “caravanas de la muerte” en el 2006.
“Eso es lo que presumen”, señalaron.
