Directivos de la escuela primaria Justo Sierra ubicada en el municipio de San Pablo Etla, mantienen retenida la documentación oficial de un grupo de estudiantes a quienes pretenden cobrarles multas entre los 400 y hasta los más de 5 mil pesos.
Madres de familia, quienes pidieron el anonimato, indicaron que esta situación ya fue expuesta ante la regiduría de Educación del ayuntamiento y que acudirán ante otras instancias defensoras de derechos humanos.
De este conflicto señalaron directamente a la directora de la escuela, Anabel Marcial Jiménez, y al Comité de Padres de Familia, integrado por Olga Sánchez Cruz como presidenta, Gladys del Carmen Zárate como secretaria, Isabel Meneses como tesorera, y Erika García López como vocal.
El conflicto inició luego de que se pidiera un corte de caja para conocer el destino del dinero recabado a lo largo del año.
Las madres exigen la convocatoria a una asamblea para obtener un corte de caja claro, ya que hasta la fecha no han recibido informes transparentes sobre el manejo de los fondos.
Además, afirman que las multas impuestas por no haber concluido sus cargos en el comité y por faltas a tequios y asambleas de bienestar, son ilegales.
"Hay un acuerdo en el que la multa era de 300 pesos por tequio y asamblea de padres de familia, pero ahora están cobrando 400 pesos", explicó una de las madres afectadas.
La situación es particularmente grave para aquellas familias que necesitan los documentos escolares para inscribir a sus hijos en el siguiente nivel educativo o para cambios de escuela.
"Nos están condicionando la entrega de constancias de no deuda, lo que impide que inscribamos a nuestros hijos", denunció otra madre, cuyo hijo debe pasar a la secundaria.
Las madres de familia acudieron a la regiduría de Educación de San Pablo, en donde les pidieron que presentaran un oficio para solicitar su intervención. "Nos dijo que ya hay varios casos como este en la escuela, que es problemática", comentaron.
El siguiente paso que planean tomar es presentar oficialmente la solicitud para la asamblea y esperar una respuesta formal por parte de la dirección y del Comité de Padres de Familia. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, están dispuestas a buscar apoyo en otras instancias.
Una ex tesorera del comité, que debe 300 pesos, explicó su situación: "Me negaron la constancia de no deuda porque no pagué, pero también me pidieron 5000 pesos por incumplimiento. Yo les exigí un corte de caja, pero me dijeron que no lo harán hasta septiembre, cuando ya no tendré nada que ver con la escuela."
Las madres insisten en que la falta de transparencia y las prácticas abusivas de la dirección y el comité están perjudicando a muchas familias. "No somos solo una o dos señoras inconformes, somos muchos padres afectados. Necesitamos respuestas y justicia", expresaron.
La comunidad escolar de San Pablo Etla está a la espera de una solución a este conflicto, que afecta directamente el bienestar y el futuro educativo de sus hijos.
