Ana Lilia Pacheco
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) en lo que va de 2022 se han recibido 19 quejas por parte de Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran en el Centro de Reinserción Social de Tanivet, en Tlacolula.
La dependencia señala que el tema principal de las quejas se debe a que en los Ceresos femenil y varonil, las PPL no pueden hacer valer sus derechos dentro de estos lugares.
El informe detalla que las autoridades más señaladas en las denuncias son el director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet y el director del Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet, con 8 y 3 quejas respectivamente.
Comparte que durante el 2021 se realizaron 81 quejas y cuadernos de antecedentes relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de la libertad en el penal de Tanivet (femenil y varonil).
En lo que va de 2022, el derecho que no se cumple dentro del Cereso es el derecho de las personas privadas de libertad, pues tienen 12 denuncias por este caso, mientras que el de salud, al debido proceso, de petición y pronta respuesta, tiene una denuncia cada uno.
De acuerdo con la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH), las problemáticas existentes en los centros penitenciarios del país inciden principalmente en la vulneración de los siguientes derechos humanos de las personas privadas de la libertad que son: el derecho a la reinserción social, el derecho a la salud, derecho a la integridad personal, a permanecer en una estancia digna y el derecho a la seguridad jurídica.
Asimismo, afirma que el Sistema Penitenciario Nacional se integra por centros tanto locales como federales y en este sentido las diversas autoridades responsables son susceptibles de violentar los derechos humanos de las personas en reclusión, pudiendo ser el personal directivo, administrativo y técnico, así como el de seguridad y custodia.
Por ello, recomendó que se establezcan lineamientos claros, sustentados y consecuentes con la realidad, que hagan posible el fortalecimiento de una cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
