Por presuntas violaciones a los derechos humanos al libre tránsito, a la seguridad, a la libertad, a la salud y a la alimentación en perjuicio de pobladores de San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la medida cautelar 02/2026 dirigida a diferentes instancias de la administración pública estatal, así como a las autoridades municipales.
De acuerdo con una comunicación, el órgano autónomo documentó que entre los municipios San Juan Mazatlán, región Sierra Juárez, y Santo Domingo Petapa, región del Istmo de Tehuantepec, ha existido un conflicto agrario que data del año 1970.
Esta situación ha propiciado una serie de acontecimientos que ponen en riesgo alrededor de 55 familias, quienes al ser desplazadas de sus hogares, se resguardan en la cabecera municipal de San Juan Mazatlán y en la agencia Rancho Juárez.
Además, se ha registrado el fallecimiento de tres pobladores, entre ellos dos personas mayores, asimismo, se ha evidenciado la presencia de grupos armados, lo que pone en riesgo la integridad de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores.
De esta manera, corresponde al Estado y a las autoridades municipales salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, porque las personas afectadas requieren una atención desde un enfoque diferenciado y especializado por la situación de desplazamiento forzado interno (DFI), por quedar en condiciones de vulnerabilidad, al enfrentarse a la falta de servicios básicos, como es el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, alimentos, educación y asistencia médica, entre otros.
Ante esta situación, la DDHPO emitió la alerta temprana 03/2026, el 27 de febrero pasado, como medida preventiva ante probables violaciones a derechos humanos, debido al escenario de violencia que se registraba en las localidades.
Sin embargo, ante la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran las y los pobladores en ambas comunidades y ante un escenario de riesgo, urgencia e irreparabilidad de daños, el órgano autónomo ha solicitado a la Comisión de Atención a Víctimas a que se constituya en el sitio donde se encuentran alojados de manera temporal las niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores, para que reciban ayuda provisional, oportuna y rápida.
Además que se proceda a su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas por la situación de DFI y de manera coordinada con las instancias competentes procedan a la elaboración de un Plan de Atención Integral para garantizar soluciones duraderas que les permita ejercer su derecho a la restitución de sus viviendas y patrimonio.
También, requirió que las autoridades competentes de la administración estatal y municipal, coordinen diálogos a efecto de atender en forma oportuna la problemática y se brinde atención integral al DFI, garantizando atención médica especializada y de calidad a las personas afectadas de las localidades de Loma Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle, implementando programas emergentes para la atención integral de las familias que se encuentran en situación de DFI.
De la misma manera, instó a que se adopten los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la integridad y seguridad personal de las víctimas de DFI y de los habitantes de las comunidades en conflicto, con el propósito de evitar la consumación de delitos o la producción de difícil o imposible reparación.
Así como que se lleven a cabo las investigaciones de los delitos que con motivo del conflicto se hubieran cometido a través de las denuncias que se recaben con las personas agraviadas y se efectúen las acciones pertinentes para proteger las propiedades y posesiones de las personas desplazadas.
