Octavio Vélez Ascencio
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno estatal por el desplazamiento forzado interno de indígenas triquis de Tierra Blanca Copala, Santiago Juxtlahuaca.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes informó que según el órgano autónomo, el desplazamiento forzado de los habitantes de esa comunidad triqui obedeció a su imposibilidad de subsistir por sus propios medios, así como ejercer sus derechos de manera libre y voluntaria, tener un lugar físico para vivir y alimentarse, trabajar, acceder a educación o tener los medios y recursos para acceder a centros de salud.
Explicó que algunos de los desplazados forzadamente se encuentran viviendo en la comunidad cercana de Yosoyuxi Copala, aunque otros más están en la Ciudad de México y en otros lugares.
Registraron 24 episodios de desplazamientoSubrayó que el desplazamiento forzado ha sido constante desde los años 70 principalmente en Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, entre otros estados, por intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas por tierras y recursos naturales.
Detalló que de acuerdo con la recomendación de la CNDH, en el 2020 se registraron 24 episodios de desplazamiento interno forzado masivo, de los cuales 10 tuvieron como víctimas a población indígena, por violencia política, conflictividad social y conflictos por territorio.
Precisó que el 37.5 por ciento de los casos se registraron en los estados de Chiapas y Oaxaca, afectando principalmente a comunidades indígenas.
De hecho, observó que Oaxaca es la entidad con mayor desplazamiento forzado interno con un 21 por ciento a nivel nacional, según el informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).
Resaltó que la CNDH recomendó al gobierno estatal y al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca reparar integralmente el daño a los habitantes desplazados e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas, conforme a la Ley de Víctimas para el Estado de Oaxaca y la Ley General de víctimas.
Además, resaltó que el órgano autónomo requirió proporcionar el tratamiento médico, psicológico y tanatológico de manera culturalmente apropiada, para restablecer su salud física y emocional con la finalidad de reducir los padecimientos en cada situación particular, entre otras cosas.
De la misma manera, mencionó que la CNDH pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) brindar atención a las víctimas y familiares quienes acrediten su derecho por la vulneración al derecho humano de acceso de justicia y la reparación integral por los daños causados, donde se incluya la compensación justa y suficiente.
Ante esta situación, demandó al gobierno estatal, así como al ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca y a la FGE, el cumplimiento eficaz de la recomendación.
Sin embargo, Santiago Reyes dijo que la CNDH fue omisa en responsabilizar al gobierno federal por estar obligado a proteger los derechos de las personas desplazadas de comunidades indígenas, consagrados en diferentes tratados internacionales.
