Octavio Vélez Ascencio
Por motivos de una formalidad procesal, el Tribunal Civil de París desestimó parcialmente la querella presentada por la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, que demandaba suspender la construcción del parque eólico Gunaa Sicarú del gigante energético Électricité de France (EDF), por violar sus derechos humanos.
La comunidad indígena zapoteca, junto con el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), interpusieron en octubre de 2020 una acción legal ante el Tribunal Civil de París (Tribunal Judiciaire), donde demandaron la cancelación de la edificación del parque eólico Gunaa Sicarú de EDF, porque no fue consultada adecuadamente en el proceso de planificación y por interferencia de EDF en su desarrollo.
“Estamos decepcionados con la decisión del juez pero seguiremos adelante en nuestra búsqueda de justicia. Es lamentable que la justicia francesa haya decidido hacer oídos sordos y callar ante los abusos cometidos por las empresas de ese país, en este caso EDF”, afirmó Guadalupe Ramírez Castellanos, integrante del Comité de Resistencia de Unión Hidalgo.
De esta manera, el Juzgado Civil rechazó la solicitud de medidas cautelares de los demandantes por una formalidad procesal, porque la demanda presentada en octubre de 2020 supuestamente no se refería al correcto plan de vigilancia de EDF, un documento anual sobre análisis de riesgos y medidas de mitigación ante posibles violaciones a los derechos humanos.
“Esta sentencia ignora la finalidad de la Ley del Deber de Vigilancia (Loi de Vigilance), que tiene como propósito prevenir las violaciones a los derechos humanos derivadas de las actividades empresariales. El deber de vigilancia no es simplemente un ejercicio de marcar casillas en un plan anual, sino que se trata de un comportamiento de vigilancia constante por parte de las empresas, que incluye la aplicación efectiva de las medidas adoptadas para prevenir los riesgos”, asentó la subdirectora del ECCHR, Miriam Saage-Maaß.
A pesar de esto, la resolución del Tribunal Civil forma parte de los procedimientos previos al juicio principal y aunque no excluye todas las opciones de las demandantes en este procedimiento, esta decisión puede entorpecer la búsqueda de justicia.
“Los jueces han reconocido afortunadamente, la competencia del Tribunal Civil. Esta parte de la decisión está en consonancia con la reciente evolución legislativa, ya que el parlamento francés ha puesto fin recientemente a una polémica sobre la competencia de estos tribunales, alimentada por los lobbies de las empresas que pretendían diluir el espíritu de esta ley”, dijo el oficial de defensa del
Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo-Tierra Solidaria (CCFD-Terre Solidaire), Swann Bommier.
