Los 11 comuneros de Unión Hidalgo, a quienes el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 22, con sede en la ciudad de Tuxtepec, anuló sus contratos de arrendamiento para la instalación del parque Piedra Larga, reclamaron a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) la devolución de sus escrituras libres de todo gravamen.
La defensora comunitaria Guadalupe Ramírez Castellanos informó que la compañía, filial de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo en el 2006 e hizo creer a los comuneros sobre el régimen de propiedad privada de sus tierras.
“La empresa se hizo cargo de llevar las escrituras ante el Notario Público para protocolizar y así fue como firmaron el contrato de arrendamiento individual”, añadió.
Sin embargo, expuso que los comuneros con el respaldo del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) se dieron en cuenta en el 2011 sobre la pertenencia al régimen comunal de sus tierras y por lo tanto, la ilegalidad de la firma de los contratos.
Subrayó que la empresa no tomó en cuenta la Ley Agraria donde dispone el contrato de enajenación o renta de tierras comunales se necesita hacer a través de una asamblea de comuneros y no con supuestos propietarios privados.
De esta manera, destacó que los comuneros acudieron al TUA del Distrito 22 en el 2013 para demandar la nulidad de los contratos de arrendamiento con la compañía.
“Pasaron varios años sin tener respuestas favorables, sabíamos que teníamos la razón, pero también sabíamos que estábamos luchando contra dos monstruos, la empresa y los gobiernos corruptos de los tres niveles que han otorgado su apoyo a la empresa”, señaló.
Aunque, observó que el TUA del Distrito 22 finalmente dio la razón a los comuneros en agosto pasado al reconocer el régimen comunal de la tierra y la ilegalidad de los contratos de arrendamiento.
“Los 27 parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec tienen mucha similitud, porque las empresas firmaron los contratos de arrendamiento con particulares y no con las autoridades comunales, ya que no existe la propiedad privada”, reiteró.
Destacó que esta resolución histórica sienta un precedente, porque cualquier comunero si se siente despojado de sus tierras, podrá solicitar la nulidad del contrato de arrendamiento.
“La importancia de esta sentencia es que aunque no haya inconformidad e incluso aceptación de los comuneros, no quiere decir que los contratos de arrendamiento sean legales”, remarcó.
Ante esto, dijo que los comuneros esperan ahora la entrega de sus escrituras libre de todo gravamen, porque la empresa Demex las dejó como garantía para poder recibir financiamiento de la banca de desarrollo.
